Mónica García, ministra de Sanidad, en el Congreso de los Diputados.
La ley de Mónica García para limitar la gestión privada de hospitales públicos se queda en el limbo parlamentario
Entró a la Comisión de Sanidad del Congreso el 20 de mayo y, desde entonces, no se ha avanzado nada.
La del Medicamento ha tenido mejor suerte y el Congreso acelera su tramitación.
Más información: El Consejo de Ministros envía al Congreso la ley de García que veta la gestión privada de los hospitales públicos
La Ley de Gestión Pública -aprobada en segunda vuelta en el Consejo de Ministros del pasado 12 de mayo- continúa en el Congreso. La norma que Mónica García anunció para frenar la gestión privada de hospitales públicos se encuentra en el limbo parlamentario.
Cabe recordar que entre sus principales propósitos, la polémica iniciativa pretende limitar la gestión privada (o indirecta) de centros o servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sólo será posible dicha gestión cuando no se pueda ofrecer la "prestación directa" o "pública".
Según ha podido saber este diario, la norma está en proceso de ampliación de enmiendas. En concreto, entró a la Comisión de Sanidad del Congreso el pasado 20 de mayo y, desde entonces, no se ha avanzado nada.
El Gobierno sigue aplazando los plazos de enmiendas, lo que ha provocado que el texto se encuentre totalmente paralizado. Parece que el Gobierno tiene muy complicado sacar adelante la normativa antes de que acabe la legislatura ya que todavía el proyecto tiene que pasar por varios trámites parlamentarios.
Además, a eso se suma que el Ejecutivo no las tiene todas consigo: el texto ya nació con la oposición del sector sanitario privado y el recelo de algunos grupos parlamentarios.
Desde el primer momento, la sanidad privada la rechazó debido a que puede suponer una limitación "importante para la accesibilidad y la calidad de la atención sanitaria". Así lo advirtió la Fundación IDIS, que aglutina los intereses de todo el sector privado.
El organismo indicó que la creciente complejidad del sistema sanitario hace inviable que el Estado pueda afrontar por sí mismo todas las necesidades de la población.
El veto a estas fórmulas "podría generar más dificultades en el acceso a los servicios, afectando negativamente a los pacientes y empeorando la capacidad de respuesta del sistema sanitario frente a las crecientes demandas", indicó la Fundación IDIS.
En la misma línea se manifestó la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal del sector hospitalario privado. Denunció que el texto "reduce de forma arbitraria los modelos de gestión sanitaria indirecta disponibles para los gobiernos autonómicos, pese a que estos han demostrado su eficacia en términos de accesibilidad, eficiencia y capacidad de respuesta asistencial".
![Mónica García, ministra de Sanidad, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este pasado martes.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11264516.jpg?p=w:320\/h:240&h=n_GFxOiz"])
Por su parte, los grupos parlamentarios tampoco la han recibido bien. De hecho, PP y Vox han criticado duramente su intencionalidad.
Los partidos alegan que la norma ataca directamente las competencias de las comunidades autónomas y frena la colaboración público-privada, necesaria para reducir las listas de espera.
A este veto se suma la postura de Junts. La formación de Carles Puigdemont considera que la norma puede suponer un ataque al modelo sanitario catalán. Sin este apoyo, la iniciativa de Sanidad podría estar abocada al fracaso.
Tal y como ya contó este diario, la inquietud sobre el proyecto de ley es creciente en el sector sanitario catalán, dados los efectos que puede tener en sus empresas y en el modelo de atención sanitaria que se practica en la región.
Aparte del Proyecto de Ley de Gestión Pública, el Congreso tiene varias normas retenidas en las Cortes.
Entre ellas destaca la de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), la de Equidad y Cohesión del SNS, la de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en los menores de edad o la Proposición de Ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos.
Ley del Medicamento
Distinta ha sido la suerte de la Ley del Medicamento. Según ha podido saber este diario, el Congreso está acelerando su tramitación y tiene previsto cerrar el plazo de enmiendas a la totalidad la próxima semana.
Esta iniciativa se está tramitando por vía urgente para acelerar los plazos a la mitad frente al procedimiento ordinario.
![Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11320536.jpg?p=w:320\/h:240&h=CVmRWODr"])
Con todo, el Ministerio de Sanidad pretende sacar adelante el reglamento después de dos años de negociación y pasar por un proceso de más de 400 alegaciones.
