Sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación en el anuncio del pacto del Estatuto Marco.

Sindicatos sanitarios del Ámbito de Negociación en el anuncio del pacto del Estatuto Marco. Europa Press

Observatorio de la sanidad

Los sindicatos sanitarios apoyan la postura de García y se niegan a reiniciar la negociación del Estatuto Marco

El objetivo de las regiones es retrasar la entrada en vigor de las medidas.

Esta propuesta "no responde a una voluntad de perfeccionar el texto".

Más información: Mónica García no reiniciará la negociación del Estatuto Marco desde cero pese a las peticiones de las comunidades autónomas

V.Villafranca
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Las claves

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Los sindicatos sanitarios (UGT, CCOO y Satse) rechazan reiniciar la negociación del Estatuto Marco, apoyando la postura del Ministerio de Sanidad.

Defienden el acuerdo alcanzado en enero, que incluye medidas como la jubilación anticipada, límite de guardias y jornada máxima semanal.

Acusan a las comunidades autónomas de intentar retrasar la entrada en vigor de mejoras laborales y de mantener desigualdades entre servicios de salud.

Aseguran que el nuevo Estatuto Marco no invade competencias autonómicas y piden que la reforma se convierta en derechos efectivos para los sanitarios.

La petición de las comunidades autónomas se tambalea. Los sindicatos del Ámbito de Negociación han mostrado su rechazo a la propuesta realizada por las regiones en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la que abogan por reiniciar la negociación del Estatuto Marco, a lo cual se oponen los sindicatos del ámbito (UGT, CCOO y Satse).

Cabe recordar que los sindicatos del conocido como Ámbito de Negociación (con derecho legítimo a negociar) cerraron un acuerdo con el Ministerio de Sanidad el pasado mes de enero donde se pactaron e incluyeron medidas irrenunciables: derecho a la jubilación anticipada y parcial, limita las guardias a las 17 horas o una jornada máxima semanal de 45 horas semanales,...

A juicio de estas organizaciones sindicales, "el verdadero objetivo de los Gobiernos regionales con este ofrecimiento es retrasar o impedir la entrada en vigor de medidas que, aunque mejoran y fortalecen derechos laborales, no responden a sus intereses al establecer límites a una discrecionalidad que ha permitido mantener profundas desigualdades entre los distintos servicios de salud".

Esta propuesta "no responde a una voluntad de perfeccionar el texto", han asegurado.

Por eso, han instado a las regiones a explicar el motivo de su oposición "a una norma que amplía derechos, mejora las condiciones laborales y homogeneiza garantías para el conjunto del personal estatutario del SNS".

"La carta remitida por las comunidades al Ministerio de Sanidad supone un intento de cuestionar el proceso de negociación colectiva desarrollado durante años en el ámbito legalmente competente para ello y de frenar una reforma largamente demandada", han argumentado.

"Es difícil comprender que quienes durante más de 20 años han ejercido como Administraciones empleadoras del SNS pretendan ahora desacreditar un proceso negociador desarrollado entre el Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales legitimadas para representar al personal estatutario", han incidido.

El texto del Anteproyecto de Ley "representa el mayor avance en derechos laborales del personal estatutario desde la aprobación de la Ley 55/2003", han continuado.

Así, "es igualmente contradictorio que las mismas administraciones que reclaman volver al punto de partida sean las que disponen de amplias competencias para mejorar las condiciones de trabajo y, sin embargo, no hayan impulsado, con la misma determinación, medidas para reforzar las plantillas".

No invade competencias

Han indicado que estas tampoco lo han hecho para "racionalizar las jornadas, reducir la temporalidad, prevenir los riesgos laborales, mejorar la organización asistencial o negociar avances en sus propias mesas sectoriales".

De cualquier forma, han insistido en que el nuevo Estatuto Marco "no invade competencias autonómicas ni limita la capacidad de gestión de los servicios de salud, sino que establece un marco común de derechos".

Por último, y dado que esta norma "es susceptible aún de incorporar mejoras durante su tramitación parlamentaria", han reiterado que "los profesionales no necesitan volver al punto de partida", sino "que, por fin, una reforma largamente negociada se convierta en derechos efectivos y en una mejora real de sus condiciones de trabajo".