Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en una reunión en el Palacio de la Moncloa.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en una reunión en el Palacio de la Moncloa. Eduardo Parra / Europa Press

Observatorio de la sanidad

Acuerdo entre PSOE, Sumar y PP para que los precios de los fármacos de la sanidad pública sigan siendo confidenciales

Aprobada la medida en la Comisión de Sanidad del Congreso.

"La confidencialidad de precios no es una medida de protección a la industria".

Más información: El Gobierno prevé ahorrar unos 1.857 millones en gasto farmacéutico rebajando los precios de los medicamentos

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Las claves

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PSOE, Sumar y PP han acordado mantener la confidencialidad de los precios de los medicamentos financiados por la sanidad pública.

La medida se ha introducido como enmienda en la Proposición de Ley del Programa de Cribado Neonatal del SNS.

El objetivo es proteger los precios frente a las políticas estadounidenses que buscan igualar costes entre Europa y EE.UU., evitando así presiones sobre el mercado español.

La Comisión de Sanidad tiene competencia legislativa plena y solo falta la aprobación del Senado para que la confidencialidad sea ley.

Este jueves sucedió una situación poco habitual en lo que llevamos de legislatura. PSOE y Sumar, los partidos del Gobierno, llegaron a un acuerdo parlamentario con el Partido Popular. ¿Cuál fue la causa? Mantener la confidencialidad del precio con el que el sector público financia los medicamentos en España.

Las formaciones de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y Alberto Núñez Feijóo pactaron esta medida en la Comisión de Sanidad del Congreso.

Se ha introducido como una enmienda transaccional en la Proposición de Ley del Programa de Cribado Neonatal del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Lo cierto es que la medida no ha sido objeto de un debate específico en la Comisión de Sanidad. Sin embargo, Rafael Cofiño, diputado de Sumar, la ha defendido.

La considera un "paso imprescindible" para proteger los precios de los medicamentos en España de la amenaza que suponen las políticas de Nación Más Favorecida de Estados Unidos.

La amenaza nació el año pasado. Donald Trump quiere que Estados Unidos pague precios más bajos por los medicamentos. O, al menos, que su coste esté al mismo nivel que el de los países europeos.

Las presiones las está haciendo por dos vías. Por un lado, presionando a las Estados del Viejo Continente para que eleven su gasto en medicamentos innovadores y paguen cifras cercanas a las que abona Estados Unidos.

Ya lo ha hecho con Reino Unido y lo está comenzando a hacer a un país del Viejo Continente: Alemania.

Por el otro, presionando a las compañías con rebajar unilateralmente sus precios o aplicarles aranceles si sus productos se comercializan a precios más bajos en otros países.

De ahí que las multinacionales farmacéuticas ya se estén planteando, incluso, no lanzar determinados medicamentos innovadores en los mercados europeos ante potenciales bajadas de precio trumpistas.

Cabe recordar, en cualquier caso, que todavía está pendiente la sentencia del Tribunal Supremo sobre si se debe conocer el precio real de los medicamentos financiados por el SNS. De ahí que se haya movido su protección por la vía legislativa.

El Ministerio de Sanidad defendía que solventaría esta cuestión en proyectos legislativos como la Ley del Medicamento. Sin embargo, su retraso indefinido ha llevado a los partidos del Gobierno a buscar leyes en tramitación para solventar el desaguisado. Con el apoyo del PP, claro.

Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, defendía la medida en su comparecencia de este jueves en la Cámara Baja. "La confidencialidad de precios no es una medida de protección a la industria, es una medida de protección a los pacientes que necesitan que los tratamientos innovadores estén disponibles. Esta enmienda nos protege en un contexto de grandísima inestabilidad", aseguraba.

La Comisión de Sanidad cuenta con competencia legislativa plena, así que no es necesario que pase por el Pleno del Congreso. Para aplicarse la confidencialidad por ley, sólo resta que el Senado dé su visto bueno en unos 20 días.