De izquierda a derecha: Fernando Marín, Loren Arseguet y Antón García Ferreiro.
Derecho a Morir Dignamente acusa a los jueces de "no enterarse bien del espíritu de la ley de eutanasia"
Ha habido más de una decena de recursos contencioso-administrativos por denegación de la eutanasia y "en todos meten la pata".
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Fernando Marín, vicepresidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, ha acusado a los jueces españoles de no entender bien la esencia de la ley de eutanasia, ya que "ha habido 12 o 15 recursos contencioso-administrativos por denegación de la eutanasia pero en todos los casos meten la pata".
"Están en contra de la eutanasia y lo ves en las sentencias", como denegarla porque una persona con movilidad reducida pueda hablar por teléfono, ha ejemplificado durante una rueda de prensa para comentar los datos de prestaciones de ayuda para morir en 2025, recientemente publicados.
"Los jueces no se han enterado de cuál es el espíritu de la ley", ha criticado y, seguidamente, ha lamentado la decisión del Tribunal Supremo de concederle legitimidad a familiares y personas cercanas al solicitante de eutanasia para evitarla acudiendo a los tribunales.
Es una opción "surrealista, que una tercera persona tenga legitimidad para negarte un derecho fundamental y personalísimo", ha señalado.
"En esa sala había 33 jueces y 8 se han adherido al voto particular que dice que nadie está legitimado para meterse en tu decisión de morir. El Tribunal Supremo, al final, no ha aclarado nada".
El número de solicitudes de eutanasia (1.284) ha crecido en 2025 un 30% en relación con el año anterior, y el de prestaciones realizadas (565) lo ha hecho en un 34%.
Estos porcentajes, ha señalado la presidenta de la asociación, Loren Arseguet, "nos dicen que estamos avanzando pero hay que tener en cuenta que lo hacemos partiendo de un nivel muy bajo".
![Eutanasia y paliativos](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/7179040.jpg?p=w:320\/h:240&h=pfkge31l"])
Se refiere a que, si las tasas de eutanasia sobre el número total de muertes en países con una legislación similar a la española se sitúa entre el 4% y el 6%, en España está en el 0,13%.
Arseguet ha señalado el elevado número de personas que murieron antes de que se pudiera realizar la prestación (364) y el retraso de 73 días desde que se presenta la solicitud y se realiza: aunque hay una mejora respecto a los 83 días del año anterior, "la ley prevé que sean entre 35 y 40 días".
Sin embargo, lo que más le preocupa a la presidenta de la asociación es la desigualdad territorial, con tres comunidades por encima de la media nacional (Cataluña, Navarra y País Vasco) y otras en que apenas se está aplicando.
"Hay nueve comunidades en que la tasa de eutanasias ha decrecido en el último año y no sabemos por qué", ha apuntado.
Médicos responsables
La actualización del manual de buenas prácticas en el proceso de la eutanasia (el primero es de 2023) se prevé que se publique en julio e incluirá medidas como un modelo común de informe para todas las comunidades, "para que los datos sean comparables", la homogeneización de los protocolos asistenciales o la creación de unidades de eutanasia, con modelos de profesionales referentes.
Arseguet ha lamentado que no incluya otras reclamaciones como que el hecho de rechazar un tratamiento no sea un motivo de denegación de la prestación. "El rechazo al tratamiento es un derecho y no puede servir de coartada para denegar".
La principal traba para la prestación, ha apuntado, es la dificultad para encontrar un médico responsable que acoja la solicitud
En este sentido, Fernando Marín ha destacado que "hay muchas personas a las que le va bien pero otras tardan una semana o 15 días en encontrar a un médico responsable".
![Fátima Matute, consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11236393.jpg?p=w:320\/h:240&h=X3I751lx"])
Y es que, aunque en teoría solo aquellos registrados como objetores pueden oponerse a la tramitación de una solicitud, en la práctica hay muchos que evitan la responsabilidad. "Falta gente que quiera hacerlo y que quiera hacerlo bien".
En esto también influye la carga asistencial de los médicos. Ante una solicitud, el profesional debe reservar un hueco lo suficientemente amplio para recoger las inquietudes del paciente y hacerle las preguntas pertinentes, pero (en el caso de los médicos de primaria) muchas veces no tiene el tiempo para poder hacerlo.
Otra margen de mejora, han indicado desde la asociación, está en la sanidad privada, donde los últimos datos (de 2024) dicen que solo se realizaron un 3% del total de prestaciones autorizadas.
"La privada incumple la ley sistemáticamente, porque es una prestación reconocida en los conciertos, y no pasa nada", ha denunciado Marín.
Con frecuencia, existe una negativa a tramitar la prestación porque las aseguradoras no la contemplan. "Hay que asegurarse de que la privada también se responsabilice".
