Mónica García durante la presentación del informe en la mañana de este lunes.
Los migrantes utilizan menos recursos sanitarios que la población nacida en España y su acceso es más restrictivo
La tasa de personas que padecen tres o más problemas de salud crónicos es hasta un 65% mayor en los nacidos en nuestro país.
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La población migrante utiliza menos los recursos sanitarios que la población nacida en España. Pero, tiene un acceso más restrictivo a nuestro sistema sanitario a nivel asistencial y de prevención donde muchos inmigrantes tienen grandes barreras para acceder a los servicios de Atención Primaria.
"Las personas nacidas en España presentan un mayor uso en prácticamente todos los niveles asistenciales, en Atención Primaria, más visitas, más procedimientos, más consumo de medicamentos y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas". Así lo ha señalado Mónica García, ministra de Sanidad, durante la presentación del informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España.
El estudio compara el estado de salud de los nacidos en España con el de personas procedentes de cinco grandes áreas geográficas del mundo (Europa UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y Otras regiones), siguiendo la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Para ello, se han seleccionado los 21 problemas de salud que concentran más gasto y presión asistencial, al requerir más consultas, tratamientos y seguimiento médico.
En concreto, la población nacida en España presenta entre un 18 y un 51% más de visitas a Atención Primaria (AP); entre un 32 y un 69% más consumo de medicamentos; y entre un 24 y un 38% más enfermedades crónicas que la población inmigrante.
No obstante, los migrantes registran una mayor frecuencia en servicios de urgencias e ingresos hospitalarios debido a las dificultades de acceso al conjunto del sistema sanitario sobre todo a los servicios de prevención.
Diversos análisis muestran que los países que garantizan una asistencia sanitaria universal a la población migrante presentan mejores resultados en salud y un mejor uso de los servicios sanitarios, reduciendo los costes asociados a los tratamientos de urgencias o en fases avanzadas de la enfermedad.
Por este motivo, la ministra de Sanidad ha justificado la puesta en marcha de la normativa que actualiza el Real Decreto-ley 7/2018 para reforzar el derecho de universalidad. La nueva jurisdicción está en vigor desde el pasado mes de marzo.
"Hay comunidades que tienen ciertas barreras administrativas y que no les han atendido o les han pasado una factura. A través de esta normativa pretendemos eliminarlas y que no se sientan coaccionadas", ha asegurado.
"Ya estamos haciendo un seguimiento exhaustivo para ver en que lugares se cumple o no la ley", ha indicado García.
Patologías
Los resultados del informe sostienen que la población autóctona presenta una prevalencia superior en 16 de las 21 patologías estudiadas en comparación con todas las regiones analizadas.
"El gran desafío de la sanidad española no tiene nada que ver con el origen de las personas, tiene que ver con la realidad demográfica y epidemiológica, el aumento de las enfermedades crónicas, de la esperanza de vida y la necesidad creciente de cuidados. Lo que demuestra este informe es que la población migrante utiliza menos los servicios sanitarios incluso cuando tienen acceso a ello", ha precisado García.
En cuatro de ellas —trastornos de ansiedad, trastornos del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma— las tasas de prevalencia superan en más de 20 puntos en comparación con la población migrante.
El informe también identifica ámbitos en los que la situación de salud es muy similar entre los distintos grupos analizados.
![Concentración a favor de la regularización de inmigrantes, el pasado mes de mayo ante el Congreso de los Diputados.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/27\/actualidad\/1003744149828_261680017_320x180.jpg"])
Es el caso del infarto agudo de miocardio, con una tasa de 8,7 por cada 1.000 personas nacidas en España frente a 8,8 en las procedentes de la Unión Europea, así como de la hipertensión no complicada, que presenta cifras prácticamente equivalentes entre la población autóctona (172,2) y la originaria de África (174,4).
Esta convergencia se observa igualmente en el ámbito de la salud mental, donde el porcentaje de personas que acudieron a un profesional en el último año es casi idéntico: 18,2% en nacidos en España y 18,1% en los nacidos en el extranjero.
Hay cinco excepciones en las que los migrantes presentan peores indicadores de salud. La primera es la diabetes mellitus no insulinodependiente, con una tasa de 103,2 por cada 1.000 personas procedentes del Mediterráneo Oriental, frente a 69,3 en la población nacida en España.
Las personas de origen africano registran una mayor incidencia de hipertensión no complicada (174,4 frente a 172,2) y de insuficiencia renal crónica (26,2 frente a 21,2). Finalmente, las personas nacidas en Latinoamérica declaran en mayor proporción problemas con el sistema sanitario (27,1 frente a 15,9), lo que evidencia barreras administrativas y burocráticas en su relación con los servicios públicos.
Respecto a la carga de enfermedad crónica también es notablemente mayor entre los nacidos en España. El informe señala que este grupo presenta la tasa más elevada de multimorbilidad (presencia de al menos un problema de salud crónico), con 472,3 casos por cada 1.000 personas, lo que supone una tasa entre un 24% y un 38% superior a la de regiones como Latinoamérica o la Unión Europea.
De hecho, la tasa de personas que padecen tres o más problemas de salud crónicos es hasta un 65% mayor en los españoles que en otras regiones.
Este perfil epidemiológico se traduce en un uso de recursos farmacéuticos dispar. La población autóctona registra un consumo de medicamentos (Dosis Diaria Definida) de 1.503,2, una cifra que supera en un 62,7% a la procedente de África y en casi un 50% a la de Latinoamérica.
A pesar de la ventaja inicial del "migrante sano", el Ministerio de Sanidad advierte de que este nivel de salud tiende a empeorar con los años de estancia en España. El estudio atribuye este deterioro a la desigualdad en el acceso a recursos básicos como una vivienda digna o una alimentación saludable, así como a condiciones laborales más precarias y a la exposición continuada a los factores de riesgo de la sociedad de destino.
Asimismo, el documento identifica que las barreras legales, administrativas y lingüísticas dificultan el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico precoz, lo que puede derivar en un agravamiento de las patologías si no se garantiza una atención sanitaria universal efectiva
Contribución económica
En este marco, el informe, apoyado en el análisis de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, subraya que los migrantes contribuyen a su sostenimiento económico en condiciones equiparables al resto de la población, con una aportación que supera los costes derivados de su atención sanitaria.
Esta conclusión se alinea con la evidencia internacional, como la recogida por la comisión de expertos deThe Lancet, que señala que garantizar el acceso universal y equitativo no sólo responde a criterios éticos y legales, sino que constituye también una decisión económicamente eficiente para los países de destino.
El estudio concluye que proporcionar una atención sanitaria estándar resulta más coste-efectivo que limitar el acceso a los servicios de urgencias. La atención de patologías en fases avanzadas o a través de dispositivos hospitalarios de emergencia no sólo tiene un mayor impacto en la salud de las personas, sino que implica un coste significativamente superior para el sistema.
Por el contrario, el acceso a la atención primaria y a los servicios preventivos favorece el diagnóstico precoz, optimiza el uso de los recursos públicos y contribuye a la sostenibilidad a largo plazo del modelo sanitario.
