Elma Saiz (ministra portavoz del Gobierno) junto a Óscar López (ministro de Transformación Digital) en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.
El Gobierno da luz verde al Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias
Su objetivo es regular cómo se van a evaluar los tratamientos para apoyar decisiones públicas sobre financiación o precio.
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El Consejo de Ministros ha dado luz verde por fin al Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETS) después de casi dos años esperando la nueva regulación. Esta norma establecerá por primera vez en España un marco reglamentario completo, transparente y coordinado para analizar medicamentos, productos sanitarios y otras herramientas utilizadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
El objetivo de este texto es regular cómo se van a evaluar las tecnologías sanitarias cuando estos análisis -que tendrán carácter preceptivo, pero no vinculante- sirvan para apoyar decisiones públicas sobre financiación, precio, incorporación a la cartera de servicios, modificación de las condiciones de uso o retirada de tecnologías sanitarias.
La futura regulación adapta el sistema español al reglamento de la Unión Europea. Una coordinación que asegura la eficiencia del proceso al prohibir expresamente la duplicidad de evaluaciones clínicas —aquellas centradas en la eficacia y seguridad— que ya se hayan realizado a nivel comunitario.
Esta medida permitirá centrar los esfuerzos nacionales en determinar el valor añadido y analizar los aspectos no clínicos, como el impacto económico, organizativo, social, ético y ambiental, específicos del contexto español.
Entre las tecnologías que se evaluarán se incluyen medicamentos y productos sanitarios;pruebas diagnósticas como PCR, test rápidos, pruebas genéticas o herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar tumores en radiografías; procedimientos clínicos como técnicas quirúrgicas, intervenciones mínimamente invasivas o nuevos métodos de rehabilitación; terapias digitales por ejemplo aplicaciones móviles para controlar la diabetes; y nuevas formas de organizar la atención sanitaria como programas de seguimiento remoto de pacientes o sistemas de atención domiciliaria.
Pilares
El Sistema para la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias está integrado por tres pilares fundamentales diseñados para separar la evaluación científica de la decisión política. El primero sería el Consejo de Gobernanza (Consejo de ETS) que es el máximo órgano de dirección del sistema y está integrado en la Secretaría de Estado de Sanidad.
Su función es liderar la estrategia de evaluación, supervisar el correcto funcionamiento de todo el modelo y aprobar las directrices técnicas que aseguran que las evaluaciones sean coherentes con las políticas de salud y farmacia.
![La ministra de Sanidad, Mónica García.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2024\/11\/26\/invertia\/observatorios\/sanidad\/904170636_251206668_320x180.jpg"])
Le siguen las oficinas para la Evaluación de las Tecnologías Sanitarias. El decreto establece dos oficinas independientes con autonomía funcional para realizar las evaluaciones:
- La Oficina para la Evaluación de Medicamentos, configurada como una unidad funcional dentro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
- Y el centro para la Evaluación de Tecnologías Sanitarias no Farmacológicas, que asume la configuración de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS).
Por último, estaría el Grupo para la Adopción de las Tecnologías Sanitarias (Grupo de Adopción) que actuará como puente entre la evaluación científica y los órganos decisores (como la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos), realizando la valoración final sobre la posición relativa de la tecnología en el esquema terapéutico.
La norma busca también convertir el sistema de evaluación en una herramienta para impulsar la innovación biomédica y reforzar la capacidad estratégica de España en el ámbito sanitario.
Plazos
Con este objetivo, establece un marco más estable, transparente y con plazos definidos, de manera que empresas, centros de investigación y desarrolladores puedan conocer con mayor claridad los requisitos que deberán cumplir y la duración de los procesos de evaluación.
En este contexto, el sistema establece un plazo máximo de 90 días naturales para la elaboración de los informes sobre aspectos clínicos y de otros 90 días naturales para los aspectos no clínicos en el caso de los medicamentos, mientras que las tecnologías sanitarias no farmacológicas contarán con un plazo máximo de evaluación de 180 días.
Estos plazos podrán ampliarse cuando sea necesario realizar reevaluaciones.
En el caso de los medicamentos, cuando exista una evaluación clínica conjunta realizada por la Comisión Europea, el informe nacional sobre los aspectos clínicos deberá emitirse en un plazo máximo de 15 días desde su publicación.
![Javier Padilla y Mónica García, secretario de Estado y ministra de Sanidad, respectivamente,](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/07\/04\/actualidad\/1003743835096_257047648_320x180.jpg"])
Además, el real decreto incorpora la posibilidad de realizar consultas científicas voluntarias entre la Administración y las compañías desarrolladoras antes de que una tecnología llegue al mercado. Estos encuentros permitirán orientar desde fases tempranas la investigación hacia las necesidades reales del Sistema Nacional de Salud y facilitar que los nuevos productos lleguen con la evidencia necesaria para ser evaluados más rápidamente.
La norma también prevé reforzar el uso de datos clínicos obtenidos en la práctica asistencial real —por ejemplo, información sobre cómo funciona un medicamento o una tecnología una vez utilizada en hospitales y centros de salud— para comprobar sus resultados a largo plazo.
Esto permitirá revisar periódicamente el valor de las tecnologías ya incorporadas al sistema y, si dejan de aportar beneficios frente a alternativas más eficaces o modernas, recomendar su retirada o sustitución.
En el plano social, la normativa marca un hito al garantizar la participación sistemática de la sociedad civilen todas las etapas de la evaluación. El sistema ya no se limita a un análisis de expertos a puerta cerrada, sino que otorga un papel protagonista a las organizaciones de pacientes y de personas con discapacidad.
Esta apertura asegura que la evaluación no solo mida datos clínicos, sino que considere de forma explícita el impacto real en la calidad de vida de los afectados, valorando aspectos clave como la usabilidad de las tecnologías, la facilidad de uso y la eliminación de barreras de accesibilidad que puedan condicionar el éxito de un tratamiento.
Finalmente, el Real Decreto impone garantías de transparencia y ética. Todos los intervinientes, desde los técnicos del sistema hasta los expertos clínicos externos que colaboren puntualmente, están obligados por ley a actuar de manera independiente e imparcial.
Para ello, se establece la obligatoriedad de realizar declaraciones de intereses públicas y anuales, que deberán actualizarse ante cualquier cambio y reiterarse antes de cada reunión de trabajo. La norma es tajante al prohibir que los evaluadores tengan intereses económicos o profesionales en las empresas desarrolladoras (como farmacéuticas o fabricantes de tecnología) que puedan comprometer su objetividad.
En caso de detectarse cualquier conflicto, se aplicarán restricciones de participación rigurosas, asegurando así que el proceso científico sea totalmente autónomo y esté libre de presiones comerciales. Como garantía adicional de control social, tanto el listado de participantes como las actas de las reuniones y los informes finales serán accesibles para toda la ciudadanía.
Consejo de Ministros
Además, durante el Consejo de Ministros de este martes también se ha aprobado la distribución de 172 millones de euros de fondos destinados a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para reforzar la Atención Primaria y Comunitaria durante el ejercicio presupuestario de 2026.
Según ha informado el Ministerio de Sanidad, la medida permitirá continuar desarrollando las actuaciones previstas en el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC) y consolidar las líneas de trabajo recogidas en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.
La financiación se distribuirá a través de dos aplicaciones presupuestarias. La primera de ellas contará con un total de 85,3 millones de euros, de los que Andalucía recibirá 15,2 millones de euros, seguida de Cataluña (14,3), Madrid (12,5), Comunidad Valenciana (9,5), Galicia (5,8), Castilla y León (5,2), Canarias (4,4), Castilla-La Mancha (3,9), Aragón (2,7), Murcia (2,7), Baleares (2,2), Asturias (2,2), Extremadura (2,1), Cantabria (1,1) y La Rioja (637.643 euros).
Además, se transferirá al INGESA la cantidad de 314.372 euros, para financiar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
![La ministra de Sanidad, Mónica García.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/06\/03\/actualidad\/1003743787408_256139984_320x180.jpg"])
La otra partida contará con un total de 87,1 millones de euros. De estos, Andalucía recibirá 15,6 millones de euros, seguida de Cataluña (14,6 millones), Madrid (12,7), Comunidad Valenciana (9,7), Galicia (5,9), Castilla y León (5,3), Canarias (4,5), Castilla-La Mancha (4), Aragón (2,8), Murcia (2,7), Baleares (2,3), Asturias (2,2), Extremadura (2,1), Cantabria (1,1) y La Rioja (651.271 euros). Y al INGESA se le transferirá cantidad de 321.372 euros, para financiar a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
A esto se suma, que el Gobierno ha autorizado la distribución de 60 millones de euros para ampliar la cartera de salud bucodental. Así, los fondos deberán ejecutarse hasta 2028.
El acuerdo aprobado contempla que el 10% de los fondos se distribuya atendiendo al peso poblacional de las personas mayores de 65 años en cada comunidad autónoma e INGESA, mientras que el 90% restante se destinará a consolidar la atención en los colectivos ya priorizados (menores de 0 a 14 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad reconocida igual o superior al 33% y pacientes diagnosticados de procesos oncológicos del territorio cervicofacial).
Del importe total autorizado, 331.437,31 euros corresponden al INGESA, completando así la distribución íntegra de la partida presupuestaria de 60.058.000 euros.
De mayor a menor, Cataluña con 11,4 millones de euros; Andalucía con 11,3 millones; Comunidad de Madrid con 8,5; Comunidad Valenciana con 6,6; Galicia con 3,4 euros; Castilla y León con 3,02; Castilla-La Mancha con 2,9 euros; Murcia con 2,5 euros y Canarias con 2,4 euros.
Le siguen Aragón con 1,6 euros; Asturias con 1,5 euros; Extremadura con 1,3 euros; Baleares con 1,3 euros; Cantabria con 958.686 euros; y La Rioja con 385.443.
