Cani Fernández, presidenta de la CNMC. Europa Press
La CNMC afirma la sanidad pública ahorraría 1.800M al año y habría más empleo con sus medidas para el sector farmacéutico
En cambio, las farmacias alertan de que lo que exige el órgano ya ha sido rechazado y pondría en riesgo el acceso a medicamentos.
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha cifrado en 1.800 millones de euros al año el ahorro que generaría el seguimiento de sus recomendaciones en el ámbito de los medicamentos y las farmacias, medidas que también supondrían la creación de 45.000 nuevos empleos en una década.
"Impulsar el uso de medicamentos genéricos hasta niveles similares a los de otros países europeos", que llegan al 70%, posibilitaría el mencionado ahorro económico, ha indicado Competencia tras publicar una evaluación de impacto de sus estudios sobre el mercado de distribución de fármacos en España, tanto a nivel minorista como mayorista.
En el mismo, ha expresado que este sector "está sujeto a una intensa regulación, por su importancia estratégica y por la necesidad de garantizar la protección de la salud".
En el apartado mayorista, la CNMC ha mostrado su apuesta por "reforzar la evaluación farmacológica y económica de los medicamentos innovadores (con patente), impulsar la competencia en los medicamentos no sometidos a patente -favoreciendo una mayor penetración de medicamentos genéricos y biosimilares- y que la retribución de los mayoristas y minoristas dependiera en mayor medida de la calidad del servicio prestado". Muchas de sus propuestas ya están incluidas en el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y los Productos Sanitarios.
Por otro lado, Competencia ha insistido en su reclamación de "flexibilizar la regulación sobre la propiedad de las oficinas de farmacia, el acceso a la actividad y su ejercicio". Es decir, romper el modelo actual, liberalizarlo y eliminar la colegiación obligatoria para que los farmacéuticos ejerzan.
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos.
En cambio, el Consejo General de Farmacéuticos rechaza estas medidas. El órgano avisa de que "ponen en riesgo la equidad y el acceso a los medicamentos ya no cuentan con apoyo social ni político".
Los farmacéuticos recuerdan estas propuestas ya fueron rechazadas en 2015 por el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas. Y que "el medicamento no puede abordarse desde una visión exclusivamente mercantil ni someterse a una liberalización sin límites que ignora la realidad sanitaria, social y territorial de nuestro país".
En este sentido, el órgano colegial de los farmacéuticos recuerda que, por ley, la farmacia comunitaria es un establecimiento sanitario y el medicamento un bien esencial para la salud de los pacientes, y que la red de farmacias es parte del Sistema Nacional de Salud y constituye un recurso sanitario esencial integrado en la atención a los ciudadanos.
"La planificación farmacéutica no constituye una barrera arbitraria a la competencia, sino una garantía de equidad territorial y cohesión sanitaria --argumentan--. Su finalidad es asegurar que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga acceso al medicamento y a la atención farmacéutica en condiciones de igualdad".
