Mónica García, ministra de Sanidad, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este pasado martes.
Junts ve un ataque a la sanidad catalana en la ley contra la gestión privada de García y la aboca al fracaso en el Congreso
El Ministerio de Sanidad todavía no ha empezado a negociar el proyecto legislativo con los grupos parlamentarios. Tampoco el decreto-ley de copago farmacéutico.
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El Consejo de Ministros dio luz verde este martes al Anteproyecto de Ley de Gestión Pública (en segunda vuelta). Con esta norma, el Ministerio de Sanidad busca vetar la gestión privada en hospitales públicos y poner coto a determinados contratos concesionales.
Sin embargo, el proyecto legislativo todavía tiene que enfrentarse al examen de las Cortes. Y no está claro que vaya a superarlo. El departamento de García todavía no ha comenzado a debatirlo con los grupos parlamentarios y en Junts ya tiene sus reservas al respecto. En la formación de Carles Puigdemont consideran que la norma puede suponer un ataque al modelo sanitario catalán. Sin este apoyo, la iniciativa de Sanidad está abocada al fracaso.
Según indican fuentes cercanas a Junts, la inquietud sobre el proyecto de ley es creciente en el sector sanitario catalán, dados los efectos que puede tener en sus empresas y en el modelo de atención sanitaria que se practica en la región.
Todo ello pese a que, según ha podido saber este periódico, parte del equipo de García se ha reunido con representantes del sector para abordar estas impresiones.
De hecho, el anteproyecto de ley de gestión pública que se aprobó en el Consejo de Ministros es diferente al que se conoció hace unos meses. En el borrador se han hecho varios cambios para, precisamente, tranquilizar al sector sanitario catalán. Con todo, son modificaciones leves que no cambian el núcleo del texto.
Veremos si será suficiente para modificar la posición inicial de la sanidad catalana, que ya está presionando el sentido del voto de Junts. Algo que no se tendrá que hacer con otras formaciones como PP y Vox.
Cabe recordar que el texto propuesto por el Ministerio de Sanidad cuenta con el rechazo en bloque de la sanidad privada.
Herramientas
Las empresas del sector consideran que la norma limita la capacidad de gestión de las comunidades autónomas -responsables directas de la organización sanitaria- y reduce herramientas eficaces para afrontar las listas de espera y la presión asistencial.
"Son los gobiernos autonómicos los que conocen las necesidades concretas de su población y quienes deben disponer de todas las herramientas posibles para garantizar una asistencia sanitaria eficaz, accesible y sostenible", señala la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) en un comunicado.
"Reducir de forma arbitraria las opciones de gestión no fortalece el sistema, al contrario, lo hace más rígido y menos capaz de adaptarse a los retos actuales y futuros", añade la patronal.
El marco normativo propuesto por García, según ASPE, pone en riesgo "la colaboración entre los distintos actores sanitarios que, durante décadas, han contribuido conjuntamente a sostener la asistencia sanitaria en España".
La patronal manifiesta que esta ley nace "de un planteamiento ideológico y no de un análisis riguroso de las necesidades reales de los pacientes y de los desafíos que afronta actualmente el sistema sanitario".
En la misma línea se manifiesta la Fundación IDIS. "Tal como indicamos en nuestras aportaciones al anteproyecto de ley el pasado mes de marzo, cualquier medida que busque limitar esta colaboración debilita la agilidad de respuesta del sistema a las necesidades asistenciales y, por tanto, perjudica a los pacientes".
![Mónica García, ministra de Sanidad, en el Consejo de Ministros.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/10\/actualidad\/1003744123980_261346252_320x180.jpg"])
Restringir el papel de dicha colaboración, según el IDIS, "frena la innovación y compromete la eficiencia en la gestión de recursos".
"Como también expusimos en las aportaciones, estamos en desacuerdo con las fórmulas que dificultan la colaboración público-privada. La transparencia y el control son, por supuesto, fundamentales, pero deben coexistir con procesos ágiles que aseguren una atención sanitaria eficaz", indica.
Copago farmacéutico
Por otro lado, el Consejo de Ministros también aprobó la reforma del copago farmacéutico. Los ministerios de Sanidad y Hacienda han pactado un real decreto-ley que cambia la aportación económica que hacen trabajadores y pensionistas por los medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS).
Así, el nuevo marco legislativo añade más tramos de copago farmacéutico, para hacerlo más progresivo con nuevos topes de pago. Los cambios están destinados a que las personas con salarios o rentas más bajas paguen menos por los fármacos. Un máximo mensual que no puede superar los 61,75 euros al mes.
Un real decreto-ley que, con todo, también tendrá que pasar por el Congreso, puesto que necesita el aval de los diputados.
Desde el Consejo General de Farmacéuticos señalan que cualquier revisión del copago encaminada a mejorar la equidad en el acceso a los medicamentos es una iniciativa a valorar por la implicación que pueda tener en el cumplimiento de los tratamientos.
![La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, acompañada por la ministra de Sanidad, Mónica García, la de Educación, Milagros Tolón, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/05\/12\/actualidad\/1003744242431_262908044_320x180.jpg"])
Eso sí, las farmacias "tendrán que realizar un importante esfuerzo para adaptar sus programas informáticos e informar a los pacientes de los posibles cambios, garantizando siempre la calidad de la prestación farmacéutica", indican.
Por su parte, la patronal de las farmacias, FEFE, se muestra a favor de la norma. No obstante, defiende que cualquier modificación del sistema de copago "debe abordarse desde el diálogo con todos los agentes implicados y valorando cuidadosamente su impacto tanto en los pacientes como en la red de farmacias comunitarias", argumenta Ana Oliver, presidenta de la institución.
