Cuatro décadas de Estado de bienestar: "La Ley General de Sanidad cumplió sus objetivos pero ha sido un proceso largo"

Casi nadie mencionará el 25 de abril de 1986. Es una fecha tardía, más de una década después de la muerte de Franco, pero es crucial para entender cómo España pasa a ser un Estado de bienestar moderno.

Es la fecha en que se aprobó la Ley General de Sanidad, que aglutinaba la atención sanitaria en un Sistema Nacional de Salud estructurado y fuertemente apoyado en las comunidades autónomas.

La sanidad pasaba a ser universal y no dependiente de las cotizaciones de los trabajadores. Además, se estructuraba en torno a dos niveles: la Atención Primaria, que soluciona la mayoría de los problemas de salud y hacía un seguimiento más cercano de la población, y la hospitalaria, cuando requería unos profesionales y unos cuidados especializados y complejos.

"Antes de la aprobación de la Ley General de Sanidad, en 1986, la sanidad en España no era un sistema en el sentido moderno del término, sino un entramado fragmentado, centralizado y con importantes desigualdades en el acceso".

Así lo señala Manuel F. Herrera, presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones (Sespas).

"La organización sanitaria giraba en gran medida en torno al Estado, a través del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), que gestionaba la asistencia sanitaria vinculada a la Seguridad Social".

Esto implicaba que el acceso a la atención dependía de estar empleado y cotizar. Quienes no lo estaban "recurrían a redes paralelas como la beneficencia, los hospitales provinciales o instituciones como la Cruz Roja".

Es decir, que había "múltiples estructuras asistenciales y administrativas con escasa coordinación entre sí, lo que generaba ineficiencias y duplicidades".

España necesita una nueva Ley de Sanidad

El médico dependía de la población a la que daba asistencia: si era un pueblo grande o una ciudad, su retribución era más elevada, por lo que muchos de ellos se opusieron a la nueva norma, con la que vieron mermado su poder adquisitivo.

En cambio, en los pueblos pequeños la situación era bien distinta, recuerda Ignacio Burgos, que por aquel entonces ejercía como médico rural en Tornadizos de Ávila.

"Teníamos la obligación de asistir a nuestra población asignada las 24 horas del día, los siete días de la semana", recuerda para EL ESPAÑOL-Invertia. "Se podían hacer guardias los fines de semana con la autorización de la Delegación de Sanidad, pero, naturalmente, eran sin remunerar y desplazándonos con nuestro vehículo particular. Todo el aparataje de la consulta corría por nuestra cuenta".

Lo resume así. "Era una vida esclava, pero éramos jóvenes cargados de ilusión y vocación, y el tener asignada una población tan determinada te hacía tener la satisfacción del compromiso".

Aunque su trabajo no cambió en lo esencial con la nueva organización, "sí lo hizo en los medios, con la colaboración de enfermería, matrona, pediatra, trabajadores sociales, administrativos, etc."

Burgos señala que la universalidad de la prestación y la integración de los distintos servicios fue fundamental, así como la equidad en el acceso no sólo a la asistencia sino también a la prevención y promoción de la salud.

De economista a ministro

Pero también recuerda que los pacientes ganaron en derechos: "Libre elección, información sanitaria y consentimiento".

La Ley General de Sanidad salió adelante gracias al impulso de Ernest Lluch, economista reconvertido en, quizá, el ministro de Sanidad más importante de la democracia. No en vano, el salón de actos del ministerio lleva su nombre.

Lluch dejó la cartera al mes siguiente de aprobarse la ley y de su implementación se encargó Julián García Vargas, que sería ministro de Sanidad hasta 1991.

El recién creado Sistema Nacional de Salud se encargaría de poner orden en los distintos dispositivos sanitarios que "operaban con lógicas distintas, sin una planificación común ni una dirección estratégica compartida", señala el presidente de Sespas, Manuel F. Herrera.

Además, "era necesario construir un modelo que generara confianza en la ciudadanía, que fuera percibido como justo, accesible y eficiente, y que pudiera sostenerse en el tiempo como uno de los pilares del Estado de bienestar".

Visto desde la perspectiva de cuatro décadas, Herrera cree que la norma ha cumplido, "en gran medida", los objetivos para los que fue concebida.

Las listas de espera aumentan un 61% en diez años pese a que tenemos un 57% más de médicos en la sanidad pública

"Logró sentar las bases de un sistema sanitario universal, público y descentralizado que, cuarenta años después, sigue siendo uno de los principales pilares del Estado de bienestar".

Su éxito se mide, opina, en algo más profundo que lo meramente organizativo, en "haber consolidado un modelo ampliamente aceptado por la ciudadanía y sostenido en el tiempo por distintos gobiernos".

Eso sí, el cumplimiento de los objetivos "no ha sido inmediato ni lineal. Ha sido el resultado de un proceso largo, progresivo y necesariamente adaptativo".

Ignacio Burgos, que se jubiló en 2021 tras la pandemia, recuerda que no hay que dormirse en los laureles, pues la sanidad española tiene grandes retos ante sí.

"La innovación en tecnología sanitaria y los nuevos medicamentos, ambos con resultados fantásticos, encarecen extraordinariamente la asistencia y la complican al parcelar más las especialidades", sostiene.

El gran reto, con todo, es "la agilidad. Las listas de espera en todas las especialidades, incluida la Atención Primaria, son insufribles".

Un desequilibrio

No olvida las reivindicaciones profesionales. La Ley General de Sanidad sigue vigente, pero "otra cosa es el Estatuto Marco: sin un marco razonable y consensuado con los titulados superiores, no será atractivo trabajar en la sanidad pública".

Por su parte, Miguel F. Herrera apunta hacia el desequilibrio entre la asistencia sanitaria y la salud pública.

"Durante décadas, el sistema ha crecido mirando sobre todo a la enfermedad, a los hospitales, a la tecnología y a la respuesta clínica. Mientras tanto, la salud pública ha quedado en un segundo plano".

Lo vivimos con la pandemia de la Covid. Sin salud pública, la asistencia sanitaria estaba ciega ante lo que venía.

Sin embargo, más que una nueva ley que sustituya a la actual, "lo que se necesita es una reforma política con ambición, que reequilibre el sistema. Eso implica tomar decisiones, como invertir de forma decidida en Atención Primaria, reforzar las estructuras de salud pública, integrar ambas dimensiones y dotar al sistema de herramientas para actuar sobre los determinantes sociales de la salud".

Lo resume así el presidente de Sespas: "El verdadero reto no es construir un nuevo sistema, sino evitar que el actual se desgaste sin haber resuelto sus asignaturas pendientes".