Manifestación tras la huelga de médicos inspectores de la Seguridad Social.

Manifestación tras la huelga de médicos inspectores de la Seguridad Social.

Observatorio de la sanidad

El Gobierno tendrá que doblar la plantilla de médicos inspectores para empezar a controlar las bajas fraudulentas

Los profesionales tienen convocada una huelga indefinida en la que reclaman una mejora de sus condiciones.

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Las claves

Las bajas por incapacidad temporal han alcanzado cifras récord en 2024, llegando a los 8,6 millones y con una duración cada vez mayor.

Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian colapso en el sistema por la falta de personal, con solo 470 de las 665 plazas cubiertas.

El Gobierno necesitaría doblar la plantilla de médicos inspectores para controlar las bajas fraudulentas y gestionar el aumento de expedientes.

La eliminación del Tribunal Médico y el aumento de responsabilidades sin refuerzo de plantilla han agravado la crisis, provocando huelgas del colectivo.

Las bajas por incapacidad temporal (IT) se encuentran en cifras récord: prácticamente se han duplicado desde 2017. En 2024 alcanzaron los 8,6 millones. Con ello, también ha aumentado la duración de las mismas. Una de las principales razones es la saturación de la Atención Primaria o la falta de controles del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que impide que la entidad realice una intervención temprana cuando se captan irregularidades.

Los médicos inspectores de la Seguridad Social, encargados de supervisar a los trabajadores en baja, alertan de un colapso en el sistema. Este colectivo denuncia una merma de plantilla con el paso de los años que está dificultando gestionar el elevado número de expedientes por IT.

Así, estiman que el Gobierno deberá doblar la plantilla de especialistas para poder abordar esta situación y poner coto a las bajas fraudulentas, según señalan desde la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la Seguridad Social (Apromess) a este diario.

Actualmente, el Instituto de la Seguridad Social cuenta con 470 médicos en activo para 665 plazas. Es decir, casi un tercio de las vacantes no están cubiertas. Aparte de esto, la asociación indica que sería preciso aumentar la oferta de vacantes un 40% y conseguir que se completen.

Los profesionales denuncian unas condiciones laborales poco atractivas, que les empujan a tener que marcharse a otras instituciones. A ese déficit se suma el envejecimiento de la plantilla ya que gran parte de los especialistas están cercanos a la jubilación.

Colapso

Como consecuencia de este colapso, las bajas temporales se alargan sin una supervisión adecuada y muchas terminan derivándose en incapacidades permanentes que podrían haberse evitado.

Cabe recordar que el médico inspector puede actuar sobre una baja médica desde el primer día que se autoriza. A partir del año, son los únicos que pueden prorrogarlas o emitir el alta. En la actualidad, no están viendo a los pacientes hasta pasados los 365 días debido a la ingente cantidad de expedientes por resolver.

Así, el número de expedientes pendientes de revisión ha crecido sustancialmente, poniendo en evidencia esa crisis que está atravesando el sistema.

"En 2022 había 60.000 casos pendientes de resolución; en 2025, 150.000 y ahora, hace unos días, se mandó un correo a la dirección denunciando que el proceso de resolución ha empeorado exponencialmente", indica Silvia Ledo, secretaria general del Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (Simediss).

La organización sindical señala 11 provincias donde la gestión de la IT presenta peores indicadores: Murcia, Alicante, Las Palmas, Baleares, La Coruña, Lugo, Ciudad Real, Toledo, Guipúzcoa, León y Teruel.

Por su parte, la dirección del INSS ha intentado aliviar el bloqueo proponiendo que los médicos de regiones que están menos saturadas asuman, mediante inspecciones remotas, parte de los casos de las autonomías más colapsadas.

Sin embargo, según el sindicato, esto sólo ha sido un parche "más de una gestión nefasta".

"A nosotros la norma que nos regula nos indica que no podemos firmar nada sin certificar que es verdad. Si no vemos a los pacientes y nos basamos en datos indirectos del Servicio Público ¿cómo vamos a valorar a ese ciudadano con rigor?", señala Ledo.

Este movimiento por parte de la dirección ha sido "la gota que ha colmado el vaso" para que el sindicato mueva ficha.

"Denunciamos esta situación al Consejo General de la Organización Médica Colegial (OMC) en noviembre del año pasado, pidiéndoles que intervengan. Ya nos han dicho que este mes pasará por la Asamblea General y estudiarán si se está vulnerando el código deontológico", asegura.

Advertencia del colapso

Cabe destacar que el punto de partida del conflicto está en la reforma del real decreto-ley 2/2023. Así, los sindicatos advirtieron ya en su momento el colapso que se podría producir en el sistema si no se reforzaban las plantillas tras la entrada en vigor de esta nueva normativa.

Para acelerar las resoluciones, el nuevo decreto eliminó el conocido como Tribunal Médico (conformado por cinco especialistas), encargado de supervisar el proceso de bajas temporales, y se dejó todo el peso de esas funciones en un sólo médico inspector. "Todo ello sin aumentar las plantillas, añadiendo más carga de responsabilidades".

Se eliminó la supervisión del Tribunal Médico entre el mes 12 y el 18 y se pasó las competencias al médico inspector. "Nosotros no tenemos problemas en aumentar nuestras responsabilidades, pero sí que debe ser con las garantías y los medios adecuados para poder valorar a cada ciudadano adecuadamente", precisa la secretaria general.

Ante esto, los sindicatos llevan desde 2023 luchando por mejorar sus condiciones laborales debido al exceso de trabajo. En 2024, "consiguieron firmar un acuerdo que, a día de hoy, sigue incumpliendo la dirección del Instituto de Seguridad Social", manifiesta Ledo.

En septiembre del año pasado, se pusieron en contacto con la ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, para que se resolviese la situación.

Sin embargo, ante el silencio de la Administración, decidieron aumentar las medidas de presión y convocar una huelga indefinida desde el 27 de enero de este año, celebrando un paro el día 27 de cada mes.

"Hemos instado a, como marca la ley, intentar llegar a un acuerdo, pero no quieren dialogar. Entonces, hemos escalado. Hemos escrito a la subsecretaria del Ministerio pidiendo que intervenga. Nos ha contestado diciendo que acaba de incorporarse, que va a estudiar el caso porque quiere encontrar unas medidas que resuelvan nuestra problemática", indica Ledo.