Médico en un consulta con una paciente.

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Observatorio de la sanidad

Más de la mitad de los médicos autores de guías clínicas en España no declara sus lazos con la industria farmacéutica

Sólo el 16,9% de las declaraciones incluía de forma fidedigna los pagos de los laboratorios farmacéuticos a los autores.

Más información: La EMA revisa sus protocolos para evitar conflictos de interés como el que afectó a Aplidin, de PharmaMar

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Las claves

El 53% de los médicos autores de guías clínicas en España no declara sus relaciones con la industria farmacéutica o lo hace de forma inexacta.

Solo el 16,9% de las declaraciones recogen fielmente los pagos recibidos por los autores por parte de laboratorios farmacéuticos.

El 80,1% de los autores de guías clínicas han recibido algún tipo de pago de la industria en los tres años previos a la publicación de la guía.

Los expertos advierten que la falta de transparencia en los conflictos de interés pone en duda la independencia y aplicabilidad de las recomendaciones clínicas.

El 53% de los médicos participantes en guías de práctica clínica españolas no declara sus conflictos de interés con la industria farmacéutica o lo hace de forma inexacta, según un estudio publicado en la revista Gaceta Sanitaria.

Únicamente el 16,9% de las declaraciones incluía de forma fidedigna los pagos que los laboratorios farmacéuticos habían hecho a los autores.

Estos pagos pueden ser de varios tipos: desde asumir las cuotas de inscripción, desplazamientos y alojamientos a congresos médicos hasta honorarios por charlas o asesorías.

El código de buenas prácticas de la industria farmacéutica innovadora obliga a los laboratorios, desde 2015, a publicar información sobre estas transferencias de valor en sus páginas web.

Los autores de este trabajo, liderados por Ildefonso Hernández-Aguado, exdirector general de Salud Pública y profesor en la Universidad Miguel Hernández, han cruzado los datos obtenidos de los laboratorios con los autores de guías de práctica clínica publicadas en un plazo de siete años.

Estas guías son documentos, respaldados por la sociedad científica correspondiente, que buscan estandarizar el manejo de una o varias enfermedades sobre la base de la mejor evidencia científica disponible.

Es decir, se recomiendan unos fármacos (u otras intervenciones) sobre otros. Por tanto, conocer si los autores han recibido algún tipo de pago por parte de los laboratorios que comercializan esos tratamientos es de vital importancia.

"Sin una declaración de conflictos de interés transparente, no se puede garantizar la independencia de la producción de esa guía ni de sus autores, por lo que las recomendaciones no son aplicables", apuntan los autores del trabajo a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Cuando hablamos de guías clínicas, la influencia de un interés económico por parte de alguna empresa puede hacer que se modifiquen los criterios diagnósticos y de clasificación de las patologías, las indicaciones para iniciar un tratamiento o los criterios de intensificación del mismo, llevando a un aumento en el número de pacientes diagnosticados de una patología o a un sobretratamiento de los previamente diagnosticados, y por ende a un aumento del gasto sanitario".

Los autores recopilaron 60 guías de práctica clínica publicadas entre 2017 y 2023, firmadas por un total de 810 autores (algunos de ellos figuran en varias guías, por lo que en realidad son 704 las personas participantes).

Solo el 53,6% de estas autorías habían rellenado el apartado sobre potenciales conflictos de interés. De estos, algo más de la mitad (51,6%) afirmaron no tener conflictos.

La sorpresa llegó cuando, al cruzar los nombres de los autores de las guías con la información proporcionada por los laboratorios, los investigadores vieron que el 80,1% de los 704 autores habían recibido algún tipo de pago en los tres años anteriores a la publicación de la guía.

En la mitad de los casos, las transferencias de valor superaban los 7.500 euros.

Una regulación escasa

Desgranando los datos, vieron que el 33,4% de las 810 autorías no habían rellenado la información sobre conflictos de interés a pesar de haber recibido pagos en los tres años anteriores.

Además, un 10,5% adicional declaró no tener conflictos pese a que recibió pagos, y un 9% declaró unos pagos inexactos, menores al montante total de las transferencias.

Solo un 8,4% de las autorías declararon no tener conflicto de interés y la información era consistente con los registros de la industria. Otro 8,5% declararon todos sus conflictos de interés o no los tuvieron.

A preguntas de este periódico, los autores del trabajo señalan que a España le queda todavía trabajo por hacer en este sentido, con una regulación "bastante escasa en comparación con países vecinos".

"Las medidas existentes encaminadas a abordar esta situación han demostrado ser insuficientes y es urgente revisarlas", apuntan.

El primer autor del trabajo, Sergio Martín, considera que hay mucho margen de mejora aunque "plantear sanciones [por no transparentar el conflicto de interés] no tiene sentido antes de plantear una regulación más estricta".

"Quizá las sociedades científicas que impulsan estas guías no son lo suficientemente estrictas en la recogida de conflicto de interés, o simplemente se pide una declaración sin comprobar".

El análisis de la situación desgrana el desempeño de cada institución al respecto. Solo las guías respaldadas por el Ministerio de Sanidad carecen de declaraciones no fiables.

Entre las sociedades científicas, una de las que reporta mejor desempeño es la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ): el 93,3% de los autores en sus guías declararon sus conflictos de interés, por un 6,7% que reportó ausencia de los mismos.

"Desde el mismo día en que se creó el comité de gestión documental, hace unos siete años, se obligó a todo el mundo a declarar sus conflictos", apunta Esther Barreiro, responsable del mismo.

"En cuanto me llega un documento, lo primero que veo son los conflictos de interés. Si aparecen en blanco, lo presento al comité para que pidan a los autores que lo rellenen. No pasamos a la siguiente fase hasta que no recibimos todos los conflictos de interés".

Barreiro indica que hay sociedades internacionales que no permiten participar en las guías a autores que haya recibido pagos de farmacéuticas interesadas en los dos o tres años anteriores.

Sin demonizar

"Yo no soy tan talibana de momento. Si tuviéramos que prescindir de todo aquel que ha dado charlas para la industria no quedaría prácticamente nadie en España".

Existe un gran debate sobre ello, "hay gente que dice que los que han recibido más pagos son, precisamente, aquellos que conocen mejor la enfermedad, pero yo discrepo: no necesariamente la persona más experta es la más invitada por la industria, porque esta elige a unos perfiles que se adaptan mejor a ella".

En el lado opuesto a Separ está la Sociedad Española de Neurología (SEN), cuyas guías no incluyeron declaraciones de conflicto de interés por parte de ningún autor.

Preguntada por este medio, la sociedad declara que "absolutamente todos los autores de cualquier guía de la SEN tienen que firmar un documento interno, de carácter legal, que entre otras varias cosas nos tienen que informar sobre conflicto de interés. Porque, en el caso de que haya, no pueden participar en el mismo".

Este procedimiento, continúa, "es estándar e independiente de la frase que luego aparezca o no en la guía, porque debido a este procedimiento interno se sobreentiende que absolutamente todos los autores de los documentos oficiales de la SEN han declarado previamente no tener conflicto de intereses".

Sin embargo, para Sergio Martín exigir un documento interno "no es suficiente. Está bien que ellos, de forma interna, soliciten la ausencia de conflictos, pero es una información relevante para el lector, que tiene que saber si hay o no un interés. Hay algo que no está siendo transparente".

Martín recuerda que la existencia de conflictos de interés no quiere decir que estas guías estén sesgadas, pero "sabemos que hay una tendencia hacia la medicalización, la disminución de los umbrales diagnósticos, la reclasificación de pacientes, etc."

Tampoco la industria farmacéutica es el demonio, "pero la cuestión puramente científica de los fármacos es competencia de la profesión médica y en España contamos con un sistema público de salud potente, con capacidad investigadora. Y tiene que ser independiente de los intereses comerciales".