Dar sanidad universal a los migrantes en situación irregular rebajaría un 9% su coste anual

Esta es una de las conclusiones que se extrae del reciente informe sobre el derecho a la salud de los extranjeros en España elaborado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (Cgcof).

El estudio señala que dar un acceso a la atención preventiva a los migrantes en situación irregular en lugar de limitarlo sólo a cuidados de emergencia, permitiría ahorrar un gran desembolso a las administraciones públicas.

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"Excluir a una parte de la población no reduce el gasto público, sino que lo traslada a recursos más costosos, como las urgencias o la atención hospitalaria evitable", señala dicho estudio que recoge datos de un incorme de European Union Agency for Fundamental Rights.

Según el estudio, la estimación del coste fiscal medio por persona migrante en situación irregular—es decir, la diferencia entre los recursos públicos que una persona utiliza (sanidad, educación, servicios sociales, etc.) y los ingresos que aporta al Estado— ronda los 2.000 euros anuales.

No obstante, una regularización podría convertir este déficit en una aportación neta de más de 3.250 euros por persona, según perfil laboral y edad.

El documento admite que la regularización administrativa no sólo permite un acceso más eficaz a los servicios, sino que también genera retornos fiscales al ampliar la base de cotizantes e incrementar la recaudación.

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"Los hogares de inmigrantes que no son de países de la Unión Europea realizan en España una contribución fiscal directa neta un 75 % superior a la de los hogares nacionales, debido en gran parte a su menor edad y escaso uso de pensiones y transferencias por discapacidad o jubilación", señala dicho informe.

Incluso aquellos en situación administrativa irregular, aunque excluidos de las cotizaciones directas, contribuyen activamente al sistema mediante impuestos indirectos derivados del consumo y el trabajo informal.

Actualmente, hay una situación de confusión e incertidumbre tanto entre los profesionales sanitarios como entre la propia población migrante en torno al derecho a la asistencia sanitaria en nuestro país.

Esta falta de claridad afecta directamente al acceso efectivo a los servicios de salud, especialmente en el caso de personas en situación administrativa irregular. Aunque el marco legal reconoce su derecho, su aplicación práctica presenta importantes barreras administrativas y criterios interpretativos que varían según la comunidad autónoma.

Por ejemplo, se establecen procedimientos específicos para obtener la tarjeta sanitaria que, en la práctica, se traducen en largos periodos de espera sin acceso efectivo a la atención.

En ocasiones se emiten credenciales distintas a la Tarjeta Sanitaria Individual ordinaria para las personas en dicha situación, "lo que puede generar un trato discriminatorio y una atención fragmentada", señala el estudio.

En comunidades autónomas como Madrid, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cantabria o Aragón, los documentos emitidos no sólo difieren de los de la población general, sino que tienen una validez limitada de dos años desde su expedición.

Además, pese a que la ley no lo exige, en muchas comunidades autónomas se mantiene la exigencia de empadronamiento.

En regiones como Andalucía, Asturias, Cantabria, Euskadi o Cataluña se han adoptado fórmulas distintas para acreditar la residencia efectiva, aceptando documentos oficiales alternativos, lo que evita que el padrón se convierta en un obstáculo insalvable.

Aun así, la obtención de estos documentos puede "resultar farragosa y convertirse en una barrera administrativa que da lugar a exclusiones", indica dicho informe.

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La exigencia de una estancia mínima de 90 días para las personas en situación administrativa irregular es ambigua, lo que
ha llevado a que muchas regiones lo apliquen como un requisito obligatorio. En la mayoría existe la posibilidad de facturación sin tarjeta sanitaria o documento ante el contacto con el sistema sanitario, incluida la atención en urgencias.

El análisis también refleja que los extranjeros que viven en zonas rurales enfrentan mayores obstáculos que los que residen en ciudades.

Estos utilizan menos los servicios de salud en general. Las condiciones de trabajo agrícola, la vivienda precaria en asentamientos y la lejanía de centros sanitarios dificultan cumplir los tratamientos o acudir a la atención primaria, situaciones que más se agravan en el sur de España.