Mónica García, ministra de Sanidad.
Sanidad admite que la gestión privada de hospitales públicos permite recortar costes gracias a su "flexibilidad operativa"
La norma 'antiprivatización' de García no afectará a los contratos de gestión indirecta ya en vigor.
El anteproyecto de ley obligará a las CCAA a publicar datos anuales de todos sus centros sanitarios.
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El Ministerio de Sanidad le ha declarado la guerra a la gestión privada de hospitales o servicios públicos. Para ello, ha decidido elaborar un anteproyecto de ley que permite vetar y limitar este modelo en el Sistema Nacional de Salud (SNS).
No obstante, el departamento de Mónica García admite que este modelo aporta alguna que otra ventaja. Entre ellas, mejoras de costes para los administradores públicos.
Así lo indica la memoria que acompaña al borrador del anteproyecto, que ya está disponible en audiencia pública.
"La evidencia disponible sobre los resultados económicos" apunta que "los modelos de gestión indirecta pueden comportar, en determinados supuestos, una reducción de los costes para las administraciones públicas competentes derivada de la mayor flexibilidad operativa de las entidades privadas".
Sin embargo, Sanidad también considera que "las conclusiones disponibles en la literatura científica que comparan la eficiencia de los modelos de gestión directa frente a los de gestión indirecta no son concluyentes en este sentido".
El departamento descarta que el bloqueo de estas fórmulas de gestión pueda tener algún impacto económico o presupuestario en las comunidades autónomas.
En cualquier caso, el Ministerio, como ya hizo la propia García en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros, también alude a estudios que apuntan a que los procesos de privatización sanitaria comportan un incremento de la mortalidad evitable en las regiones donde han ocurrido.
Asegura que "conllevan una reducción de plantillas que puede afectar a la calidad y al acceso de la asistencia sanitaria, especialmente entre los colectivos más vulnerables, afectando al enfoque de universalidad y equidad del Sistema Nacional de Salud".
Por otro lado, el anteproyecto de ley para vetar la gestión privada de centros sanitarios públicos de Mónica García incluye novedades que afectan a las comunidades autónomas.
Según el borrador que ha puesto en audiencia pública el Ministerio de Sanidad, se incrementan las obligaciones de los territorios. Sus servicios de salud deberán publicar anualmente indicadores sanitarios de cada uno de los centros del Sistema Nacional de Salud (SNS), "con independencia de cuál sea su modelo de gestión".
Buen gobierno
Así lo recoge la norma en el apartado dedicado a buen gobierno, rendición de cuentas y evaluación. Dichos indicadores tendrán que haberse pactado en el seno del Consejo Interterritorial del SNS.
La norma no sólo pretende bloquear, dificultar y prácticamente vetar las posibilidades de gestión indirecta de hospitales o servicios sanitarios públicos. También busca mejorar la monitorización de la actividad sanitaria de toda la red.
De hecho, se prevé también reforzar los mecanismos de control de la gestión sanitaria, así como la participación de los pacientes en ellos.
Por otro lado, el texto recoge las condiciones que tienen que cumplir los casos en los que se quiera facilitar la gestión indirecta de algún centro o servicio sanitario público.
![Mónica García, ministra de Sanidad, en el Consejo de Ministros.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/02\/10\/actualidad\/1003744123980_261346252_320x180.jpg"])
Como adelantó Mónica García durante su comparecencia en el Consejo de Ministros, sólo se podrá formular la gestión privada de centros sanitarios públicos (o gestión indirecta) cuando no sea posible la "prestación directa" o "pública".
Dichos modelos de gestión deben garantizar la sostenibilidad financiera y eficiencia y cumplir los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
Además, deberá haber un procedimiento de evaluación previa obligatorio para cada caso de gestión privada en el SNS.
Con todo, el anteproyecto de ley recoge que no tendrá efecto alguno sobre ninguno de los contratos de gestión indirecta que esté en vigor ni en sus condiciones. La Alta Inspección de Sanidad facilitará todo proceso de reversión que le pida una administración sanitaria.
