Mónica García, ministra de Sanidad.

Mónica García, ministra de Sanidad. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

Observatorio de la sanidad

Mónica García no cederá a las presiones de los médicos y propone que negocien con las CCAA y los partidos

Así, lo ha indicado en una carta remitida al comité de huelga, a la que ha tenido acceso este periódico. 

Más información:Los médicos aspiran a frenar el Estatuto Marco en las Cortes y emprenderán acciones legales en el Parlamento Europeo

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Las claves

Mónica García afirma que no cederá a las presiones de los médicos ante la inminente huelga indefinida.

La ministra propone que los médicos negocien un Estatuto Marco propio con partidos parlamentarios o comunidades autónomas, responsables de las jornadas laborales.

García recalca que muchas demandas médicas ya están recogidas en el acuerdo reciente con sindicatos sanitarios y que las competencias laborales corresponden a las regiones.

Sugiere impulsar una norma propia mediante iniciativas legislativas en el Congreso, pero advierte que una huelga indefinida podría perjudicar a la ciudadanía.

Mónica García reitera que no cederá a las presiones de los médicos a dos semanas para que comience la huelga indefinida. La ministra propone a los facultativos que negocien con los partidos parlamentarios para intentar impulsar un Estatuto Marco propio por otras vías.

O que intenten llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias de las jornadas laborales. Así, lo indica en una carta remitida a la Confederación de Sindicatos Médicos (CEMS) y la Agrupación por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), entidades que conforman el comité de huelga.

La ministra recalca que la norma debe negociarse dentro del ámbito legal autorizado para ello. 

"Es este órgano, y no otro, el que cuenta con el mandato legal para el diálogo y la concertación de acuerdos, del mismo modo que las decisiones en materia legislativa corresponden a los legítimos representantes de la ciudadanía, elegidos democráticamente en el Congreso de los Diputados", expone en el texto al que ha tenido acceso este periódico.

No obstante, García manifiesta que el Ministerio de Sanidad siempre ha tenido una postura de diálogo para intentar llegar a un acuerdo, reuniéndose hasta en veinte ocasiones con el colectivo médico. Además, expresa que muchas de sus reivindicaciones están recogidas en un capítulo específico dentro del texto pactado con los sindicatos sanitarios hace una semana.

"Las demandas, que no se ajustaban a las competencias del Ministerio ni al ámbito propio de una ley marco de carácter estatal, han sido debidamente trasladadas a las comunidades autónomas, que tienen la competencia plena en materias como las retribuciones, la negociación del pago de las horas de guardia, la organización de las jornadas, la planificación de plantillas y su incremento", justifica García.

En este contexto, alude que el planteamiento de retirar el Estatuto Marco actual, para iniciar de cero la elaboración de uno propio para los médicos "no resulta ni razonable ni justa para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que supone la exclusión del resto de profesionales de las mejoras alcanzadas y la ruptura de un sistema basado en el trabajo multidisciplinar".

Iniciativas legislativas

Por otro lado, la ministra propone a los galenos otras vías para impulsar una norma propia a través de varias iniciativas legislativas ante el Congreso de los Diputados.

Entre las que se encuentra registrar una proposición de ley, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), también empleada por la población, una iniciativa legislativa promovida por los parlamentos o asambleas autonómicas o la negociación de aquellas condiciones de trabajo, cuyas competencias corresponden a las regiones, en el marco de las mesas sectoriales de cada servicio de salud.

Por último, García advierte que convocar "una huelga indefinida con la finalidad de que sea este Ministerio quien impulse la elaboración de una norma propia plantea serias dificultades, especialmente por su impacto sobre la ciudadanía, cuando el ordenamiento jurídico vigente contempla vías para canalizar esta demanda".