Matrona haciendo una ecografía.

Matrona haciendo una ecografía. EP

Observatorio de la sanidad

"Recibimos más de 200 llamadas al día": así funciona el ente que el Gobierno respalda para informar sobre el aborto

La asociación avisa de que la sanidad pública apenas practica el aborto por el método quirúrgico.

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Las claves

La web 'Quiero Abortar', respaldada por el Gobierno, ofrece información sobre el aborto en España, clasificando datos por comunidades autónomas.

La Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos recibe más de 200 consultas diarias, principalmente sobre información básica y asesoramiento para mujeres inmigrantes.

En España, el aborto es legal hasta la semana 14, con excepciones entre las semanas 14 y 22 si hay riesgos médicos. A partir de la semana 22, se necesita autorización de un comité clínico.

Sólo cuatro comunidades autónomas en España superan el 75% de abortos realizados en la sanidad pública, siendo el método farmacológico el más utilizado.

La web Quiero Abortar, respaldada por el Gobierno, vio la luz hace unos meses. Esta página ha sido impulsada por la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos para ofrecer una información fiable a las mujeres que quieran acceder al derecho a la interrupción voluntaria al embarazo (IVE) por la sanidad pública.

En concreto, esta web se puso en marcha en enero, pero ha sido este mes de septiembre cuando el Ministerio de Sanidad y el de Igualdad han mostrado su respaldo. La asociación, a través de esta web, ofrece datos sobre la IVE, clasificando la información por comunidades autónomas.

Cabe destacar que la ley del aborto debe garantizarse en todo el territorio nacional aplicando la normativa estatal, no obstante, como las competencias están transferidas a las comunidades, hay diferencias entre regiones.

"Los circuitos de cada comunidad autónoma son absolutamente diferentes. Por eso, pusimos mucho esfuerzo para que esa información esté actualizando constantemente los cambios de protocolo. Para eso, contamos con nuestras compañeras, que son aliadas profesionales de diferentes regiones", alerta Sílvia Aldavert, directora de la entidad.

La Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos lleva operando desde hace meses, pero desde que el Gobierno dio a conocer su web y anunció su apoyo, las llamadas han aumentado de manera significativa.

"Recibimos 200 consultas diarias, entre mensajes y llamadas telefónicas", señala.

Pero, ¿cuál es la labor principal de esta asociación? La directora cuenta a este periódico que la mayoría de las consultas que reciben son de información básica, ya que muchas mujeres todavía tienen un conocimiento muy reducido sobre este derecho. También han aumentado el número de consultas específicas.

También especialmente frecuentes las solicitudes de asesoramiento de mujeres inmigrantes. Muchas de ellas no cuentan con la tarjeta sanitaria y "necesitan hacer unas gestiones de acompañamiento extra para ver en su comunidad autónoma cómo se gestiona". 

Aunque en la mayor parte de las comunidades del Estado no se puede abortar sin tarjeta sanitaria, en algunas, como explica Aldavert, existen trámites específicos para acceder a ello. Se realizan a través de una ONG como Cruz Roja o a través de los servicios sociales.

Más de 22 semanas

La asociación también acompaña a mujeres que quieren acceder al derecho a la interrupción del embarazo a partir de la semana 22 de gestación. En casos en los que no es posible, les recomiendan someterse a una IVE en otros países como Bélgica o Francia (en los que su legislación contempla dicho derecho).

Cabe destacar que en España el aborto es legal únicamente hasta la semana 14 de gestación. Entre la semana 14 y la 22, solo puede practicarse una IVE si un informe médico acredita que existe un riesgo para la salud o la vida de la mujer, o que el feto presenta anomalías graves.

Y de la 22 para adelante, sólo se podría practicar la interrupción si un comité clínico te autoriza a hacerlo.

"En la actualidad, se están tomando decisiones muy ambiguas. Hemos visto a la hora de asistir a muchas mujeres que en el comité de una comunidad les dicen que no y en otras que sí", añade.

Desde la asociación, asisten a mujeres que se encuentran en procesos complicados. Estas reciben un diagnóstico fetal muy grave en unas semanas ya avanzadas.

"Y ellas no pueden hacer nada más, es decir, no está en sus manos. Cuando toman esa decisión y el comité clínico les dice que no, quedan absolutamente desprotegidas. Sólo les queda irse fuera", aclara la presidenta.

Desde la Asociación han reclamado en repetidas ocasiones que ese plazo de semanas no exista, porque, como denuncia Aldavert, esto provoca que se vean obligadas a viajar al extranjero y a correr con todos los gastos.

"A las mujeres que acompañamos en estos casos, el lugar más accesible que les recomendamos es Bruselas. Aquí cuentan con un hospital público con todo un equipo multidisciplinar. Bélgica tienen una normativa muy parecida a la nuestra. Lo que pasa es que realmente la interpretación de la gravedad de la malformación es más amplia que en España", destaca.

Diferencias por CCAA

El reciente informe 2015-2024 sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) elaborado por el Ministerio de Sanidad arroja que sólo cuatro comunidades superan el 75% de los abortos voluntarios practicados en la sanidad pública.

Por su parte, la presidenta de la Asociación, señala que los datos deben interpretarse, ya que la mayor parte de las IVE que se practican en la sanidad pública son por el método quirúrgico. Es decir, la mayoría se realizan por vía farmacológica (a través de la píldora abortiva).

"Es cierto que la pública ha aumentado el acceso al aborto en muchas comunidades (La Rioja, Cantabria), pero siempre es a través del método farmacológico. O sea, para hacer un aborto instrumental casi siempre tienes que ir a una clínica privada", recalca Sílvia Aldavert, directora de la entidad.

Y añade que las mujeres deberían poder elegir de la misma manera y con equidad si quieren someterse a un aborto farmacológico o uno instrumental. "Según nuestro momento vital puede ser muy diferente y podemos necesitar uno u otro", determina.

La sanidad pública tiene grandes retos por delante, no sólo el de cómo incorporar este derecho al sistema de salud, sino el de ser capaces también de integrar los diferentes métodos que existen para incorporarlo.