El Gobierno incorporará y financiará 'apps' y productos digitales como parte de los servicios de la sanidad pública

Así lo recoge la documentación puesta en consulta pública por el Ministerio de Sanidad. Según los textos, la futura ley tendrá que "fijar las condiciones para la incorporación de productos sanitarios digitales a la Cartera Básica de Servicios del SNS, así como para su financiación".

Dichas condiciones deberán velar por que "se evite la falta de interoperabilidad, se asegure la calidad de los productos sanitarios digitales y se garantice la disponibilidad de los datos generados".

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Los datos que generen las soluciones sanitarias digitales se deberán proporcionar a un futuro "Espacio Nacional de Datos de Salud", según decida el Consejo Interterritorial del SNS.

Sanidad ha concretado que el proyecto tiene como objetivo adaptar el contexto legal español al Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS), que establece un marco jurídico común para la interoperabilidad y el uso ético y seguro de los datos de salud en el ámbito de la Unión Europea (UE).

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Entre las medidas que recogerá la norma se encuentra que la historia clínica digital interoperable del SNS incluya a la sanidad privada.

A día de hoy esto no ocurre. Y el departamento admite que "esto genera desigualdades, ya que los pacientes que se atienden en ambos sectores -sanidad pública y privada- pueden no disponer de un acceso unificado a su información clínica".

"La nueva norma pretende corregir esta situación, integrando a los proveedores privados en el sistema, garantizando así que toda persona tenga acceso a su información sanitaria de manera homogénea y que los profesionales dispongan de datos completos y de calidad para la atención", concluye.

El proyecto de ley recogerá también la gobernanza del uso primario y secundario de los datos de salud y regulará el uso de tecnologías digitales en la asistencia sanitaria, sobre todo la inteligencia artificial (IA).

Espacio Europeo de Datos Sanitarios

En este sentido, la ley incorporará "reglas específicas que definen los derechos y deberes de pacientes y profesionales en el uso de estas herramientas, y establece garantías adicionales cuando se trata de aplicaciones sensibles, como la identificación mediante datos biométricos o el uso de neurotecnologías que puedan influir en la percepción o el comportamiento".