Cuatro de cada diez interrupciones voluntarias de embarazo son de extranjeras no residentes en España

En concreto, de los 103.097 abortos (el 80% en clínicas privadas) que se practicaron en 2023 (que es el año más reciente del que se disponen datos), 39.115 han sido a extranjeras no residentes, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad a este medio.

Aunque las circunstancias son muy diversas, muchas mujeres comparten motivos. Por un lado, acuden a España por la calidad de nuestro sistema de salud.

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Las restricciones legislativas que sufren en sus países de origen son otras de las razones que las obligan a viajar. Por ejemplo, en la mayoría de regiones de Latinoamérica el aborto está prohibido. Algo que también ocurre en Europa, en áreas como en Andorra.

Otros territorios sólo lo permiten en situaciones concretas. Es decir, cuando hay peligro de muerte, el feto presenta una malformación o el embarazo ha sido el resultado de un delito. Como por ejemplo, en Chile. O en Polonia, en el caso de la Unión Europea.

"España tiene una ley que garantiza los derechos sexuales y reproductivos. Así mismo, cuenta con profesionales bien formados en todas las técnicas, con mucha experiencia en los centros especializados", aclara Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) y ginecóloga.

La especialista continúa aclarando que la norma no sólo regula la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, "sino que también aporta seguridad y calidad asistencial a los pacientes. Unos elementos fundamentales que hacen que nuestro país sea referente en salud sexual y reproductiva", precisa la ginecóloga.

Desde que se aprobó la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo en 2010, el Ministerio ha intentado que se cumpla con la legislación en todo el territorio nacional.

Por eso, en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), el departamento ha manifestado su intención de pedir información a las regiones para elaborar un informe y ver en qué comunidades hay que mejorar el acceso a esta prestación en la sanidad pública.

Muchas mujeres viajan a España porque es un territorio de "fácil acceso, donde la sanidad es mucho más barata en comparación con países como Estados Unidos", explica Abel Renuncio, ginecólogo y miembro de la Sociedad Española de Contracepción (SEC).

También, los factores culturales e idiomáticos facilitan el proceso. "Esto puede hacer que mujeres de ciertas nacionalidades se planteen menos interrumpir, frente a mujeres latinoamericanas que puede ser menos tabú en sus culturas", añade Renuncio.

En el caso de Europa

En el caso de Europa, las mujeres procedentes de Rumania, Portugal, Italia, Alemania o Francia son las que más optan por España para realizarse una interrupción voluntaria del embarazo.

De hecho, Rumania es el país europeo que encabeza la lista, con 2.638 casos de abortos en nuestro país. Aunque en esta región es legal realizar este procedimiento médico hasta la semana 14, las mujeres se están encontrando con un panorama "cada vez más hostil" para hacerlo, según el último informe (abril de 2025) de Human Rights Watch, organización de derechos humanos.

En la práctica, las mujeres tienen cada vez más restringido el acceso al aborto y los métodos anticonceptivos. La organización descubrió que un número creciente de médicos y hospitales públicos ya no prestan este servicio.

Todo movido por los factores culturales. Muchos rechazan y niegan la atención para el aborto por sus propias creencias religiosas.

Portugal

Las portuguesas se encuentran en segundo lugar en el ranking europeo. Acumulan 687 casos.

Entre 2019 y 2023, alrededor de 2.500 mujeres portuguesas han cruzado la frontera para abortar, según el último informe publicado por Amnistía Internacional.

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Este país, junto con Croacia, Montenegro, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia y Turquía, tiene actualmente el límite más corto de Europa para practicar un aborto: hasta las 10 semanas.

En Portugal, esta norma sólo permite sobrepasar esas 10 semanas en los casos específicos que ya se han comentado al principio del artículo (cuando existe riesgo para la salud de la mujer, en casos de abuso o violación, o cuando hay evidencia de que el feto podría tener una enfermedad grave).

Además, la presidenta de ACAI considera que muchas portuguesas vienen a España por la calidad de nuestro sistema sanitario. "Cuando se aprobó la Ley en Portugal (data de 2007), muchos médicos no estaban formados, ni había centros especializados. Y es algo en lo que llevan mucho más retraso", declara García.

Otro de los motivos es que sigue existiendo un estigma y tabú sobre este procedimiento médico. Además, en el territorio luso se ofrece un acceso desigual a la interrupción voluntaria del embarazo dependiendo del lugar donde se resida.

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A Portugal le sigue Ucrania. Aunque en su país es legal (hasta la semana 12), como consecuencia del conflicto bélico muchas carecen de este acceso. De hecho, las que han huido hasta países como Polonia constatan un retroceso de derechos, ya que esta región es mucho más restrictiva.

La que está en cuarto puesto es Italia con 481 casos de mujeres que se han practicado una interrupción voluntaria del embarazo en nuestro país. Le siguen Bulgaria con 410, Francia con 356, Reino Unido con 331 y Alemania con 266.