
Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.
La CEOE carga contra el Gobierno por sus ataques a las universidades privadas y a las empresas del sector sanitario
El comité directivo de la patronal carga contra el intervencionismo del Ejecutivo y las cortapisas a la colaboración público-privada.
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Las declaraciones de miembros del Gobierno contra la formación en las universidades privadas y legislaciones en desarrollo como la Ley del Medicamento no han gustado en la CEOE. El comité directivo de la patronal carga contra el Ejecutivo por los ataques que está recibiendo el sector privado en el ámbito de la formación superior y de la sanidad.
En un comunicado, este órgano de la CEOE se declara preocupado por estos "intentos de intervención en la lógica de la actividad económica y empresarial" en sectores en los que "es fundamental la complementariedad entre lo público y lo privado".
Por un lado, la patronal rechaza "frontalmente que se trate de poner límites al desarrollo de centros universitarios privados, endureciendo las condiciones para su desarrollo".
Según los empresarios, esto significará que "España prescinda de centros en los que hay calidad de enseñanza, en un momento como este, en el que la necesidad de atraer y mantener el talento es una cuestión estratégica de país".
Además, "dada la insuficiente oferta de enseñanza universitaria pública, supone limitar aún más las oportunidades de formación de nuestros jóvenes".
En el ámbito de la sanidad carga contra el anteproyecto de ley de Medicamentos y Productos sanitarios y el modelo de precios seleccionados que incluye. "Podría ahondar el problema de abastecimiento de medicamentos y amenaza el tejido industrial farmacéutico en España".
También lamenta normas como el Estatuto Marco de Sanidad, "que plantea desde un enfoque ideológico que personal sanitario no pueda compaginar trabajos en las sanidad pública y privada", y el horizonte oscuro que está adquiriendo Muface.
Respecto a las medidas formuladas por el Gobierno ante la crisis arancelaria, la CEOE ha criticado que la concesión de cualquier ayuda pública esté supeditada al mantenimiento del empleo en una situación como la actual.
"Los ajustes de plantilla siempre son la última opción a la hora de amortiguar crisis inesperadas, que, como esta, afectan de forma directa y significativa a la actividad de las empresas", aseguran. Avisan de que esta situación puede provocar que las empresas opten por no solicitar ayudas para evitar posteriormente consecuencias más complejas.
Con todo, la patronal se muestra dispuesta al acuerdo ante el difícil contexto económico internacional. "Tendemos nuestra mano, una vez más, para propiciar un pacto de Estado y conformar entre todos dicha respuesta, combinando la defensa de nuestros valores europeos y del Estado del Bienestar, pero sin perder una visión realista de la situación".