Mónica García, ministra de Sanidad.
Mónica García pretende que la sanidad pública sólo pague las medicinas más baratas tras una subasta semestral a la baja
La fórmula, que recuerda a las subastas de fármacos que se activaron por la crisis financiera, ha puesto en pie de guerra a la industria farmacéutica.
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El Ministerio de Sanidad ha dado a conocer, por fin, el contenido del borrador de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios. Un conjunto legislativo con el que el equipo de Mónica García quiere hacer profundos cambios en cómo se financian los medicamentos en España. Entre otras cosas para rebajar la factura farmacéutica que abonan las comunidades autónomas.
Para ello, la pretensión de Sanidad es retomar las subastas de medicamentos, una fórmula para forzar la competencia entre compañías farmacéuticas y que periódicamente tengan que bajar los precios de medicamentos que están financiados por la Administración Pública. En concreto, se harán cada seis meses.
Sanidad llama a este sistema precios seleccionados, y se aplicaría en los casos de fármacos que ya no estén protegidos por patente y cuenten con varios fabricantes y comercializadores. Con esta medida (entre otras), el Ministerio de Sanidad quiere rebajar en 800 millones el gasto público en medicamentos de las comunidades autónomas.
La idea es que los laboratorios que sean titulares de un mismo fármaco (los que tengan el mismo principio activo y dosis, es decir, que están en la misma agrupación homogénea del sistema de precios de referencia de los medicamentos) oferten sus precios para un periodo de seis meses.
A partir de los precios ofertados por los laboratorios, se formularía una horquilla de precios que incluiría el más bajo y un conjunto de precios seleccionados, que serían los que la sanidad pública financiaría al 100% (con el copago que corresponda según el ciudadano, claro).
Esto llevaría, por la competencia, a un reducción paulatina de los precios que abonaría la sanidad pública. Por otro lado, para aquellas compañías cuyos precios estén por encima de los seleccionados por esta suerte de subasta, la sanidad pública financiará hasta la cantidad marcada por el precio más bajo de su agrupación homogénea, tal y como se ha definido antes. Es decir, que habría una suerte de financiación parcial que a día de hoy no existe.
El anteproyecto de ley recoge varias limitaciones para esta medida, que no se puede aplicar en medicamentos de uso hospitalario, los sometidos a reservas singulares, los derivados de plasma humano y los huérfanos.
Además, se recoge la posibilidad de que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (que es el órgano que negocia y decide los precios de los fármacos) pueda revisar los precios al alza en determinadas circunstancias.
Sin embargo, estas excepciones no son suficientes para el sector farmacéutico. Industria del medicamento, distribución mayorista y oficinas de farmacia le han declarado la guerra al Ministerio de Sanidad por esta medida.
Especialmente contundentes se han mostrado los laboratorios. En un comunicado conjunto firmado por las seis principales patronales farmacéuticas (Farmaindustria, Aeseg, Anefp, Aelmhu, BioSim y Afaquim) han cargado contra la medida.
"Generará una tendencia automática a minimizar precios de medicamentos fuera de patente, haciendo inviable la continuación de muchas líneas de producción de medicamentos en España e intensificando los actuales problemas de suministro de medicamentos, en un mercado ya muy tensionado en España y en Europa", denuncian las compañías.
De hecho, las patronales lamentan que esta medida "no encaja" en la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028 y es necesario un modelo alternativo. Y aseguran que ya habían trasladado, "de forma transparente y constructiva", sus observaciones sobre los precios seleccionados.
El Consejo General de Farmacéuticos avisa de que los precios seleccionados "reducirían drásticamente las opciones y la disponibilidad de medicamentos en la farmacia, y generarían problemas de suministro que dificultarían la continuidad de los tratamientos".
Además, "tendrían también un importante impacto sobre la red de oficinas de farmacia y el empleo asociado a ellas, en especial en los entornos más vulnerables, dejando numerosas localidades y barrios sin farmacia, sin sus profesionales y sin acceso al medicamento".
Todo ello pese a que el anteproyecto de ley recoge aspectos que son positivos para los farmacéuticos, como que se ampliaría su capacidad para sustituir medicamentos. "Pero si no se cambia el texto de la ley, de nada servirán los avances profesionales que introduce".
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
"Impactaría negativamente en toda la cadena del medicamento -laboratorios, distribuidores y oficinas de farmacia- y podría comprometer la disponibilidad de medicamentos para la población". Así se refieren al modelo de precios seleccionados desde Fedifar, la patronal de los mayoristas farmacéuticos, a Cofares, Bidafarma o Hefame.
Esta asociación empresarial alerta de la “incertidumbre derivada de las revisiones constantes de precio”. Una inestabilidad que, según precisan, "dificultaría las previsiones de demanda y las estimaciones adecuados de stock de los medicamentos, generando disrupciones en la cadena y poniendo en riesgo la disponibilidad de estos medicamentos para los pacientes".
La agresividad del sector farmacéutico es lógica. Está viviendo un deja vù que lleva de vuelta a los peores años de crisis financiera, cuando se activaron duras medidas para rebajar el gasto farmacéutico.
Curiosamente, María Jesús Montero fue la creadora de las subastas de medicamentos en 2011. La hoy ministra de Hacienda activó esta medida, una especie de concursos públicos regionales, cuando era consejera de Salud de Andalucía.
María Jesús Montero, en un acto del PSOE de Andalucía.
El mecanismo consistía en que, periódicamente, los laboratorios podían presentar precios diferentes para medicamentos financiados por Servicio Andaluza de Salud (SAS). Aquel que presentara el más bajo, ganaba la subasta y se quedaba con todo el servicio de suministro de ese producto para las farmacias andaluzas.
Este sistema acabó adoptándolo de manera parcial también el Ministerio de Sanidad por entonces dirigido por Ana Mato, también armada con tijeras para recortar costes en la sanidad pública.
Finalmente, el sistema acabó eliminado tanto por el Ministerio como en Andalucía. Desde el sector se argumenta que este sistema de subastas acaba provocando que los fármacos sean comercializados a costes insostenibles para las compañías (debido a las constantes bajadas de precios) y fomenta problemas de suministro si no se es cuidadoso con las compañías que optan a estos concursos públicos.
De hecho, en los años de crisis financiera era frecuente que las compañías que salían victoriosas de las subastas eran filiales de farmacéuticas indias, que importaban los medicamentos que suministraban directamente de su país de origen (siempre con el correspondiente visto bueno de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios).
Ahora, el debate de las subastas de fármacos vuelve a la actualidad por los medicamentos seleccionados. ¿Los mantendrá Sanidad en el proyecto de ley de Medicamentos y Productos Sanitarios cuando el Consejo de Ministros le dé el visto bueno definitivo tras las protestas del sector farmacéutico? En unas semanas conoceremos la respuesta.
