Para ello, el Ejecutivo quiere que todas las empresas privadas y las Administraciones estén obligadas a enviar determinados datos que complementen a aquellos de los que ya disponga la Agencia. 

EL ESPAÑOL-Invertia ha tenido acceso al borrador del anteproyecto, que fue elevado y aprobado en segunda vuelta el pasado martes, 7 de febrero, por el Consejo de Ministros.

En él se indica que una de las principales funciones de este nuevo organismo es el de vigilar, identificar y evaluar el estado de salud de la población. Para lograr su objetivo, según la normativa, todas las Administraciones públicas, instituciones, entidades y organismos estarán obligadas a suministrar datos e información. Esta obligación se extiende a las empresas privadas y al resto de personas físicas o jurídicas “con el fin de asegurar la mejor tutela de la salud de la población”.

Los datos concretos que entes públicos y privados tendrán que suministrar aún se desconocen. Este aspecto se tendrá que desarrollar mediante un real decreto más adelante. De lo que se trata, en definitiva, es de que se puedan prevenir -por ejemplo- brotes de Legionella en una determinada zona. Así, una empresa estaría obligada a remitir los análisis de sus aires acondicionados si se detectara la bacteria. O a informar de la aparición de brotes de cualquier enfermedad entre sus empleados. 

Consejo Interterritorial

Los criterios que determinarán qué información tendrán que facilitar administraciones y empresas se decidirá en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.

De esta manera, se concede un importante rol a las regiones en el desarrollo de esta legislación. Se trata así de contener algunas reclamaciones políticas que, respecto a esta norma, han venido surgiendo en los últimos meses.

Red de vigilancia 

La creación de la Agencia Estatal de Salud Pública trae aparejado el desarrollo de un nuevo sistema de información para la Red de Vigilancia en Salud Pública, que "estará interconectada con el Sistema de Seguridad Nacional".

El Gobierno prevé una inversión de 27.400.000 euros para el desarrollo de esta red, que supone la suma de los centros de vigilancia epidemiológica y de salud pública de las comunidades autónomas, de Ceuta y Melilla y del Estado. Es decir, que absorberá a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave) existente desde 1985.

[El Gobierno suprime el uso de mascarillas en transporte público: en estos lugares seguirán siendo obligatorias]

De hecho, el Ministerio de Sanidad ya ha sacado a consulta pública el Real Decreto de Vigilancia en salud pública. ¿El objetivo? Determinar la configuración de la futura red así como su funcionamiento, y crear y regular los "Laboratorios Nacionales de Referencia para Vigilancia en Salud Pública". La ciudadanía, organizaciones y asociaciones podrán hacer llegar sus opiniones hasta el próximo 2 de marzo.

Tras la irrupción de la Covid-19 y su consecuente pandemia, Sanidad considera necesario un cambio de enfoque. Por ello, también se vigilarán las enfermedades no transmisibles, lesiones y otros condicionantes de la salud.

Agencia

Tal y como adelantó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, el Gobierno aprobará el estatuto de la Agencia Estatal de Salud Pública en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley.

Se formalizará a través de un real decreto, en el que se determinarán los órganos, centros y servicios de la Administración General del Estado que quedarán integrados en la Agencia Estatal de Salud Pública. Y quiénes serán sus responsables, por supuesto. 

Ministerio de Sanidad.

También se despejará una de las mayores incógnitas que quedan respecto a este ente: la ubicación. Las comunidades autónomas siguen compitiendo en la carrera por convertirse en sede de este centro estatal, que estará adscrita a la Secretaría de Estado de Sanidad.

La creación de esta institución no es un compromiso de esta legislatura, sino que data de hace más de 10 años. Ya estaba recogida en la Ley General de Salud Pública, aprobada en 2011.

En esta normativa se establecía que el organismo y sus funciones quedarían reguladas por un real decreto, pero la susodicha norma nunca llegó a aprobarse.

El verdadero impulso al proyecto se produjo a raíz de la pandemia de la Covid-19. Fue en junio de 2020 cuando el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que era necesario desarrollar la citada Ley General de Salud Pública. Darias continuó dando fuerza al proyecto y, en septiembre de 2021, incidió en que la creación de esta agencia era una "prioridad política" para mejorar la red de vigilancia existente.

Salvador Illa, exministro de Sanidad, en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL.

De hecho, el anteproyecto de Ley de Creación del Centro Estatal de Salud Pública, dotado con 9,45 millones de euros en 2022 dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), entró en consulta pública en ese momento.

Ahora, con los últimos pasos dados por el Ejecutivo, el nacimiento de la Agencia Estatal de Salud Pública parece estar cerca y podría hacerse realidad incluso antes de la celebración de las Elecciones Generales.