Médicos en un quirófano, en imagen de archivo.

Médicos en un quirófano, en imagen de archivo. Gtres

Observatorio de la sanidad

El fin de conciertos que propone la Ley de Equidad elevaría el gasto de la sanidad pública en 2.746 millones

La patronal de la sanidad privada recuerda que la partida presupuestaria destinada a conciertos es un 11% del total del gasto sanitario.

20 junio, 2022 16:49

La Alianza de la Sanidad Privada Española ha estimado que solo la eliminación de conciertos propuesta en la Ley de Equidad le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales.

La patronal ha tenido en cuenta que esta fórmula de colaboración público-privada supone, como mínimo, un ahorro del 25% para las arcas públicas. Además, ha recordado que la partida presupuestaria destinada a conciertos se sitúa en torno a los 8.240 millones de euros, el 11% del total del gasto sanitario.

Del mismo modo, ASPE ha insistido en que el sistema de conciertos opera en condiciones significativamente más ventajosas en costes que a precio público. Así, los precios medios concertados de procedimientos como cataratas, intervenciones de cadera o rodilla, entre otros, son entre un 25% y un 69% menores.

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Por otro lado, y en lo referente a otra fórmula habitual de cooperación contemplada en la Ley General de Sanidad, la de las concesiones administrativas, el ahorro roza los 354 millones de euros. ASPE calcula esta última cifra atendiendo a los nueve casos de distritos de salud pertenecientes a La Rioja, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid.

La patronal también denuncia que "el texto definitivo del proyecto de Ley de Equidad no aclara cómo puede afectar a las concesiones de salud ya en vigor", ha dicho Carlos Rus, presidente de ASPE.

A su vez, el texto incluye un requerimiento al Gobierno para que promueva, en el plazo de 12 meses, las medidas legales oportunas para clarificar y complementar el régimen jurídico aplicable a los procesos de reversión como los de Alzira y Torrevieja. "Estas medidas pueden ser de todo tipo, incluida la aprobación de otras normas con rango de ley que precisarán de su correspondiente tramitación parlamentaria", ha advertido la organización.

En este sentido, ASPE ha recordado que, en el caso de Alzira, el fin de su concesión "ha generado un sobrecoste de 76 millones de euros y ha triplicado las listas de espera, según los datos oficiales publicados por la propia Comunidad Valenciana".