La sanidad privada tiene músculo para ayudar en la campaña de vacunación contra la Covid. En concreto, según las cifras aportadas por el presidente de la patronal del sector (ASPE), Carlos Rus, los centros de titularidad privada podrían vacunar a 150.000 personas a la hora.

Para hacer este cálculo, ASPE ha tenido en cuenta que habría que utilizar alrededor de 7.000 enfermeras, lo que supone un tercio del total de profesionales con los que cuenta la privada. Cada equipo estaría compuesto por tres enfermeras, una para preparar las dosis y otras dos para administrarlas. 

En concreto, cada equipo de vacunación tendría capacidad de administrar alrededor de 40 dosis a la hora. Así lo ha puesto de manifiesto Rus durante la presentación del informe Radiografía del impacto de la Covid-19 en el sector hospitalario privado en 2020 que ha presentado este miércoles ASPE.

Contratación de personal

Más de 5.000 profesionales. Esa es la cifra de personal (tanto sanitario como no sanitario) que han contratado los hospitales de titularidad privada a lo largo de 2020 para hacer frente a la pandemia. Es decir, los centros han incremento un 6% sus plantillas respecto a 2019.

Este es uno de los datos que recoge el informe Radiografía del impacto de la Covid-19 en el sector hospitalario privado en 2020. Además, este documento destaca que, a pesar del impacto de la pandemia, el 99% de los hospitales generales privados no han llevado a cabo EREs y el 94% no realizó ERTEs.

Durante 2020, los hospitales privados han atendido a uno de cada tres pacientes hospitalizados. Además, el 29% de los afectados que, hasta el 31 de diciembre, han requerido asistencia en UCI han sido tratados en la sanidad privada.

Compras e inversión

En lo relativo a las compras, el informe destaca que el sector privado ha invertido un 312% más que en 2019 en material de protección para sus profesionales.

Unas compras que se han producido en un momento de hiperinflación que ha supuesto pagar un promedio de un 1.100% más en el precio de las mascarillas en 2020 frente a 2019.

Los centros que se vieron obligados a invertir más en protección de sus profesionales corresponden a Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Además, las inversiones de estos centros se han mantenido a niveles del año precedente, incrementándose incluso un leve 0,5% a pesar del impacto de la pandemia.