El Tribunal Constitucional ha fallado contra la norma impulsada por la Generalitat Valenciana en 2017 con Carmen Montón como consellera de Sanidad mediante la que vetó a los jefes de servicio trabajar en la sanidad privada.
El alto tribunal ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Juzgado Contencioso-Administrativo 8 de Valencia, que alertó de la vulneración de los artículos 66.2 y 134.2 de la Constitución Española, tal y como reveló este miércoles el diario Las Provincias.
El fallo del TC, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, "estima la presente cuestión de inconstitucionalidad" y declara "la nulidad" de la norma. Se trata de la disposición adicional trigésima de la Ley 14/2016 de presupuestos de la Generalitat Valenciana.
El Gobierno Valenciano introdujo esta restricción al personal sanitario en la ley de acompañamiento de sus cuentas anuales de 2017. La misma fue aprobada en Les Corts Valencianes con el apoyo de los partidos que respaldaban el primer gobierno de Ximo Puig (PSPV-PSOE, Compromís y Podemos).
Y precisamente esta fórmula, la de introducir esta restricción en la norma presupuestaria, es lo que el TC considera inconstitucional. El tribunal considera que la asignación de un complemento retributivo que requiera exclusividad sí es potestad de la cámara, pero considera que excede el ámbito legislativo de la ley de presupuestos.
Fin del veto
El fallo, en consecuencia, ha sido comunicado por el TC al propio parlamento valenciano para su aplicación. En consecuencia, los sanitarios que aspiren a ser jefe de servicio en la pública podrán volver a pasar consulta en la privada. La dedicación exclusiva en la sanidad pública dejará de ser una obligación en la Comunidad Valenciana para alcanzar estas jefaturas.
El proceso judicial partió de una denuncia de una sanitaria sin dedicación exclusiva en la sanidad pública que optó a una jefatura de servicio en 2018. La neurofisióloga se mostró contraria a la prohibición de ejercer en la sanidad privada para acceder a esta plaza y presentó un recurso de reposición. El mismo fue desestimado en primera instancia, pero el Constitucional sí le ha dado la razón.
Está por ver, sin embargo, si los partidos que conforman el gobierno valenciano optan por una nueva fórmula para mantener esta restricción a los sanitarios de la privada al margen de la ley de presupuestos de la autonomía.