Cada día, a las ocho de la tarde, los españoles salían a sus ventanas y balcones a aplaudir el esfuerzo que estaban haciendo los profesionales sanitarios durante la pandemia de la Covid-19. Un reconocimiento que se esfumó tras la primera ola de contagios, dando paso a la crispación entre los pacientes. Enfados que se han traducido en agresiones a médicos y enfermeros, hasta el punto de incrementarse en un 32,3% en plena crisis sanitaria.

Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior a Invertia, se han contabilizado 962 agresiones a profesionales sanitarios hasta noviembre de 2020, frente a las 727 que se habían registrado en el mismo periodo de 2019.

Llama especialmente la atención el incremento de estos episodios violentos en Navarra, donde las agresiones se han disparado un 600%. También en Melilla ha habido un crecimiento llamativo: un 350% más que en 2019.

Galicia, Cantabria y Castilla-La Mancha han registrado incrementos por encima del 100% hasta noviembre de 2020. Por su parte, en Castilla y León, Ceuta, Canarias y Extremadura, entre otras, han disminuido las agresiones a profesionales sanitarios.

A nivel nacional, los episodios violentos entre 2019 y 2020 son, además, superiores a los registrados entre 2018 y 2019. En este último periodo, según los datos que facilitan la Policía Nacional, Guardia Civil y cuerpos de Policía Local al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), el número de agresiones tanto verbales como físicas creció un 21,1%, frente al 32,2% de 2020.

Cartel de la campaña 'Stop agresiones a personal sanitario'. Europa Press.

El personal sanitario es víctima de ataques por parte de pacientes o familiares desde hace años. Sin embargo, las cifras no muestran la realidad. Y es que, tal y como señalan distintos sindicatos, hay muchas situaciones que no se denuncian.

Un problema que se dilata en el tiempo y para el que las organizaciones sindicales llevan tiempo pidiendo una solución coordinada y eficaz a la Administración. Exigen más medidas de protección para todos los profesionales sanitarios.

Último informe de Sanidad

Hace apenas unos días, el Ministerio de Sanidad publicó un informe en el que se recogen las agresiones a profesionales sanitarios durante el periodo 2017-2018. Las cifras constatan un aumento del número de denuncias de este personal tras ser agredido verbal o físicamente.

En concreto, en 2017 se registraron un total de 8.326 notificaciones, lo que supone una tasa global de 15,39 agresiones por cada 1.000 profesionales. En 2018, se notificaron 9.506, es decir, una tasa de 17,17 agresiones por cada 1.000 profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Desde el sindicato de enfermería, Satse, han reclamado al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que agilicen la recopilación de datos para conocer la realidad actual. Y es que, tal y como ha constatado la propia organización y respaldan los datos de Interior, ha habido un repunte de agresiones en 2020.

Según explica Satse, “los episodios de violencia verbal, como insultos o amenazas, y también los de carácter físico, como empujones o golpes, han vuelto a aflorar”. También CSIF ha advertido de que este tipo de situaciones “se han visto agravadas en la actualidad como consecuencia de la crisis de la Covid-19”.

Más protección

En una reunión reciente entre el departamento que dirige Carolina Darias y los sindicatos del ámbito sanitario, el Ministerio de Sanidad se comprometió a impulsar un protocolo de actuación coordinado con todos los agentes implicados, así como Fuerzas de Seguridad del Estado, para actuar y prevenir las agresiones, según CSIF.

Entre las medidas que reclama la Central Sindical Independiente y de Funcionarios están reforzar la seguridad en todos los centros sanitarios (protocolos contra agresiones, mayor presencia policial, cámaras de vigilancia, botones del pánico, actuaciones de prevención y medidas de autoprotección para los trabajadores); apoyo psicológico, jurídico y de acompañamiento; formación a profesionales y endurecer las sanciones.

Por su parte, Satse elaboró hace unos meses un borrador de anteproyecto de Ley que establece un amplio conjunto de medidas (prevención, sensibilización, información, apoyo…) para proteger al personal sanitario.

Entre otras actuaciones, este borrador establece la elaboración de un Plan de Prevención contra la Violencia en el ámbito sanitario en cada Servicio de Salud autonómico, así como en cada empresa o centro de trabajo.