Salvador Illa, ministro de Sanidad.

Salvador Illa, ministro de Sanidad.

Observatorio de la sanidad coronavirus

El Gobierno ignora al sector sanitario nacional y sus intermediarios para sus macrocompras en China

El fiasco de los test de diagnóstico rápido de coronavirus de Bioeasy se habría podido evitar con el adecuado asesoramiento. 

14 abril, 2020 01:34

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La crisis del coronavirus ha provocado un importante desabastecimiento del mercado de productos sanitarios tales como mascarillas o material de protección (API) a escala internacional, con un mercado cada vez más tensionado por una demanda que se multiplica día tras día.

Esto ha provocado que el Gobierno haya tenido que importar ingentes cantidades de productos sanitarios de China, en algunos casos con dudosas garantías de calidad más allá del marcado CE, lo cual ha llevado a fiascos como la adquisición de test de diagnóstico rápido del Covid-19 con sensibilidades por debajo del 50%. Los retrasos y la escasez en el suministro de estos materiales son una mal habitual a día de hoy en España.

En gran medida, este problema del desabastecimiento prolongado es culpa de las propias Administraciones Públicas. Fuentes sanitarias critican el retraso en las adquisiciones y que no se haya contactado con las empresas presentes en España y con sus intermediarios para ir a los mercados asiáticos.

Así lo aseguran varias voces conocedoras de los contactos mantenidos entre el Gobierno y las propias empresas. Aseguran que, en términos generales, nadie en el Ministerio de Sanidad (departamento hoy responsable las adquisiciones centralizadas de materiales sanitarios) se ha puesto en contacto con el sector para buscar su asesoramiento para estas operaciones.

De hecho, estas mismas fuentes aseguran que la empresa que intermedió para traer a España los polémicos test rápidos de Bioeasy (con muy baja sensibilidad) no se encuentra dentro de los círculos habituales de este sector. Empresa, por cierto, que no cuenta tampoco el aval de los órganos reguladores chinos ni de la Embajada del país en España. 

Y algo parecido ha ocurrido con el resto de los productos sanitarios que se han traído en lo peor de la pandemia. Las prisas y la precipitación, y el no contar con el consejo ni el asesoramiento de los proveedores habituales, han provocado que el Gobierno haya cometido varios sobrecostes y errores de bulto en estas adquisiciones, que han redundado en el retraso del suministro a hospitales y profesionales sanitarios de productos tan básicos para evitar contagios en la atención al paciente como las mascarillas o las API.

Sin embargo, los pecados no son solo cosa del Estado central. Estos errores también se han cometido en las comunidades autónomas, que son las que normalmente se hacen cargo de este tipo de adquisiciones.

Test rápidos

Estas tensiones del mercado han provocado que algunos centros privados hayan tenido que recurrir a ciertas fórmulas cercanas al contrabando para proteger a sus profesionales sanitarios y atender a sus pacientes.

De hecho, según ha podido saber Invertia, un hospital español ha logrado introducir en el país de manera subrepticia (y con cierta intermediación política) más de 1.500 unidades de test de diagnóstico rápido de coronavirus fabricados en China. 

Esta fuente presume de haber logrado un producto superior y más barato que el Gobierno. Afirma que sus test rápidos tienen una fiabilidad superior al 90% y un precio aproximado de 13 euros la unidad. Los que en su momento adquirió el Ministerio de Sanidad no llegan al 50% y su coste (siempre según esta fuente) es de unos 20 euros por unidad.

Hasta ahora, el Ministerio de Sanidad ha repartido entre las comunidades autónomas casi 43 millones de mascarillas, 23,4 millones de guantes, más de 287.500 batas y 294.000 buzos, así como más de 193.000 gafas de protección, 1.610 unidades de ventilación no invasivas y 262.000 soluciones de geles hidroalcohólicos. Asimismo, Salvador Illa ha informado de que se han adquirido cinco millones de test rápidos de anticuerpos, de los cuáles un millón ya se ha repartido entre las regiones. 

Todavía no se conoce el impacto presupuestario que tendrán todas estas compras que está teniendo que hacer el Gobierno para afrontar la pandemia. Pero todo parece indicar que la inexperiencia del Ejecutivo en estas lindes va a supone una cantidad indeterminada de sobrecoste, además de un desabastecimiento temporal cuyo final ya parece atisbarse. Al menos por ahora.

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