Pasajeros de la línea de alta velocidad Madrid-Málaga llegando a la capital malagueña en autobús desde Antequera. Europa Press
Un Tribunal tumba el plan de Renfe para crear una empresa de autobuses tras las quejas de las patronales
Anetra y Fenadismer recurrieron las cláusulas del concurso público.
En abril, el TACRC suspendió cautelarmente el contrato.
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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha decretado la anulación total de varias cláusulas de la licitación lanzada por Renfe para crear una empresa de autobuses, destinada a prestar los servicios alternativos cuando la circulación de trenes no es posible.
La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que habían recurrido esas cláusulas, han recibido este viernes la notificación del TACRC, que había suspendido de forma cautelar el concurso en el mes de abril.
La resolución no solo estima los recursos presentados, sino que también ordena la retroacción del procedimiento del llamado 'Acuerdo Marco de Servicio de transporte alternativo por carretera', la licitación a través de la cual Renfe buscaba un socio para colaborar en la prestación del servicio de esa nueva empresa de autobuses.
Ambas patronales denunciaron que el diseño del concurso expulsaba directamente al 99% de las empresas del sector -compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos- para favorecer "de forma exclusiva a un puñado de grandes corporaciones".
"El dictamen del TACRC ratifica punto por punto las ilegalidades y abusos competitivos expuestos por Anetra y Fenadismer en sus recursos y que han supuesto este dictamen contra la operadora pública ferroviaria", aseguran.
En concreto, las patronales aseguran que la resolución apunta a la "falta de justificación" de la necesidad de crear una sociedad, la ausencia "injustificada" de la división en lotes, los requisitos de solvencia "desproporcionados" y las trabas "injustificadas" a las agrupaciones de empresas.
Asimismo, habla de "vulneración" de los plazos legales de duración y de omisión de la publicación preceptiva en el Diario Oficial de la Unión Europea o la "falta de transparencia y desglose de costes".
"No podíamos consentir que un operador público estatal pretendiese regalar un mercado de casi 1.000 millones de euros a un oligopolio, marginando a quienes prestan día a día un servicio excelente y con máxima capilaridad en cada rincón de nuestra geografía", concluyen.
