El presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia

El presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

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Indignación en Renfe: por primera vez no es necesario ser abogado del Estado para optar a la plaza de secretario general

Joaquim Hortalà i Vallvé, el anterior responsable, renunció hace una semana.

La convocatoria ha generado un gran descontento en la plantilla.

Más información: El director jurídico de Renfe abandona la compañía por discrepancias con la dirección de Fernández Heredia

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Las claves

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Renfe ha eliminado por primera vez en 25 años el requisito de ser abogado del Estado para optar al puesto de secretario general.

La decisión ha causado indignación interna, ya que se teme que facilite una designación a dedo de alguien afín al presidente Álvaro Fernández Heredia.

El puesto solo exige ahora titulación en Derecho, experiencia en administraciones públicas y conocimientos en gestión pública y contratación.

La salida del anterior secretario general, Joaquim Hortalà, se debió a discrepancias con la dirección de Fernández Heredia, en medio de una serie de cambios polémicos en la cúpula de Renfe.

Renfe ha abierto la convocatoria pública para designar a su nuevo secretario general y del Consejo de Administración, tras la renuncia de Joaquim Hortalà i Vallvé hecha pública el pasado 23 de junio.

La salvedad es que por primera vez, en al menos 25 años, esta convocatoria no incluye el requisito de que la plaza sea cubierta por un abogado del Estado.

Una situación que ha generado indignación dentro de la plantilla porque se cree que quitan requisitos técnicos, lo que abre la puerta a una designación a dedo de un directivo que pueda ser cercano al presidente Álvaro Fernández Heredia.

En el concurso oficial publicado esta semana (y que finalizará el próximo 6 de julio de 2026) no se hace ninguna referencia a que el candidato debe ser parte de este cuerpo profesional.

Las fuentes internas de la compañía consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia advierten que, al menos en este siglo, estas convocatorias siempre habían incluido como "valorable" el requisito de que los solicitantes tuvieran esta titulación.

Pero ahora no aparece ninguna mención. Por el contrario, el apartado de los "requisitos específicos del puesto" se pide una titulación universitaria oficial en derecho y acreditar participación en consejos de administración u órganos colegiados de entidades públicas.

También se pide acreditar experiencia de, al menos, diez años en administraciones públicas, "habiendo desempeñado puestos de responsabilidad en áreas de gestión económico-administrativa, coordinación institucional o dirección técnica, dirigiendo y coordinando las áreas jurídica, administrativa y económico-presupuestaria".

Mientras, en el apartado de "requisitos valorables" (donde estaba habitualmente el requisito de ser abogado del Estado) solo se pide tener un posgrado o máster en ámbitos europeos y administración pública o gestión pública.

Asimismo, se valora tener conocimiento en materia de contratación pública y gestión presupuestaria, experiencia en garantía del cumplimiento normativo en entornos complejos, así como en coordinación interáreas y nivel B2 o superior de inglés.

Fuentes del sector público indican a este diario que lo normal es que en las empresas propiedad del Estado se contrate a un abogado del Estado por su conocimiento del sector público.

Es habitual además que la Administración General del Estado (AGE) asuma la representación y defensa de las sociedades mercantiles estatales y entidades públicas ya sea con abogados del Estado como secretario general o como directores de la asesoría jurídica.

Dentro de la compañía se considera que excluir el requisito de ser abogado del Estado -probablemente la plaza "más delicada" de Renfe- rompe una tradición histórica de la empresa pública.

Por otro lado, estas mismas fuentes indican que si se elimina este requisito técnico, el proceso se queda sin un necesario filtro para que entren directivos a priori alejados de posicionamientos políticos.

Salida de Hortalà

En Renfe también se cree que si se trae a alguien de fuera -sin este tipo de requisito técnico- las posibilidades de darle el puesto a alguien afín se multiplican.

Es más, ya hay rumores que circulan dentro de la compañía que apuntan a que el puesto podría ya estar designado a alguien afín al presidente del operador ferroviario, Álvaro Fernández Heredia.

Incluso se apunta a alguien cercano a la órbita de Sumar, la misma formación con la que se relaciona Heredia y buena parte de su equipo de fieles que se han incorporado a la compañía en los últimos meses.

Joaquim Hortalà i Vallvé comunicó su dimisión al comité de dirección de la empresa pública hace dos semanas por decisión propia y tras discrepancias internas con el equipo directivo de Fernández Heredia.

Discrepancias con Fernández Heredia

El directivo (precisamente abogado del Estado) llevaba dos años en el cargo. Se incorporó en 2024 tras una trayectoria de dos años y cuatro meses en el FROB.

Anteriormente estuvo durante ocho años en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como director de asesoría jurídica y secretario del consejo.

Sus discrepancias con la dirección responden a varios frentes abiertos en la gestión reciente de la empresa pública como el fallido proyecto de la filial de autobuses de Renfe.

En el equipo de Renfe también hay muchas dudas respecto de la deriva que está tomando la compañía tras la gestión de Fernández Heredia, un experto en autobuses y con escaso bagaje en el mundo del transporte ferroviario.

Nuevos fichajes

Tampoco gusta la serie de nuevos fichajes que ha traído Fernández Heredia, los que han sustituido a históricos directivos de la compañía, técnicos con larga experiencia en el sector que se han quedado fuera de la toma de decisiones.

Precisamente, la eventual llegada de un secretario general afín a Heredia cerraría el círculo de fieles al presidente, además en uno de los cargos más importantes dentro de la compañía.