Varias personas esperan para subirse a un autobús en la estación de autobuses de Méndez Álvaro, a 2 de agosto de 2024, en Madrid

Varias personas esperan para subirse a un autobús en la estación de autobuses de Méndez Álvaro, a 2 de agosto de 2024, en Madrid Marta Fernández Europa Press

Observatorio de la movilidad

Suspendido el concurso de Renfe para crear una empresa de autobús que cubra sus trenes cuando no puedan circular

Decisión cautelar del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

E. Ortega
Publicada
Las claves

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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha suspendido cautelarmente el concurso de Renfe para crear una nueva empresa de autobuses.

La suspensión responde a una reclamación de las patronales Fenadismer y Anetra, que consideran desproporcionadas las exigencias de solvencia para participar en el concurso.

Los requisitos del concurso, como tener una flota mínima de 500 autobuses, dejan fuera al 99% de las empresas del sector, compuestas mayoritariamente por pymes.

Renfe defiende que el proceso cumple la normativa y busca garantizar la disponibilidad inmediata de autobuses en situaciones de emergencia.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), dependiente del Ministerio de Hacienda (aunque independiente de él), ha suspendido de forma cautelar el proceso de licitación lanzado por Renfe para crear una nueva empresa de autobuses en alianza con una empresa privada del sector, que prestaría los servicios alternativos por carretera cuando las líneas de tren están cortadas y no permiten la circulación.

Según las patronales de transportistas Fenadismer y Anetra, el Tribunal ha fundamentado su decisión en la necesidad de evitar perjuicios que podrían ser de "difícil o imposible reparación" si el procedimiento de contratación continuara su curso antes de resolver el fondo de la reclamación presentada por ambas organizaciones contra Renfe.

"Con esta medida, el proceso de licitación queda bloqueado hasta que se dicte una resolución definitiva", explican las dos patronales en un comunicado, precisamente un día después de que este miércoles se cerrase el plazo de presentación de ofertas.

El conflicto nace de la intención de Renfe de constituir una sociedad mixta, participada al 51% por una empresa privada y al 49% por Renfe, para gestionar sus servicios alternativos por carretera. Sin embargo, el conjunto del sector empresarial de autobuses considera que los requisitos de solvencia técnica y económica impuestos resultan "totalmente desproporcionados" y suponen un ataque directo a la libre competencia.

En este sentido, entre las condiciones exigidas a las empresas interesadas figuraba contar con una flota de 500 vehículos en propiedad (o al menos una con 300 si se presentan en consorcio), una cifra de negocio superior a 75 millones de euros y haber ejecutado contratos similares por valor de al menos 35 millones de euros.

"En España, donde el 60% de las 2.700 empresas de transporte de viajeros son microempresas (menos de 10 autobuses), estas exigencias dejan fuera al 99% del tejido empresarial del sector. Sólo una decena de grandes grupos podrían optar a un contrato que, de facto, veta la participación de las pymes y autónomos que hasta ahora venían prestando estos servicios con solvencia", explican Fenadismer y Anetra.

No obstante, la licitación no cierra la puerta a esas pequeñas empresas, sino que se tendrían que unir con al menos una compañía grande en consorcio para optar al concurso. Renfe argumenta que estas exigencias pretenden que el ganador del concurso cuente con los autobuses necesarios en todo momento para hacer frente a situaciones de emergencia, en las que hay que movilizar rápidamente unidades para permitir que los viajeros puedan finalizar sus viajes.

Respuesta de Renfe 

Tras dicha licitación, Renfe ha insistido en la defensa de su proyecto.

En un comunicado, la operadora de trenes pública argumenta que ya se han presentado al concurso hasta nueve empresas que suman más del 75% de la demanda operada mediante medios privados en España, aunque incluso los representantes de esas grandes empresas (la patronal Confebús) hayan mostrado su rechazo al proyecto.

La compañía recuerda que la suspensión acordada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) tiene carácter "estrictamente cautelar", en el marco de la tramitación de las impugnaciones presentadas por las patronales Anetra, Fenadismer y Direbús.

"La empresa confía en que esta medida cautelar no afectará al desarrollo del proceso de licitación, diseñado conforme a la normativa vigente y a los principios de transparencia, concurrencia e igualdad de oportunidades", señala Renfe, que defiende la "plena seguridad en la solidez del procedimiento".