El Gobierno busca sede para la Autoridad de Investigación de Accidentes, que comenzará a funcionar a mediados de 2026

Para ello ha abierto el procedimiento competitivo de candidaturas de localidades que puedan albergar esta nueva sede que deberá acoger a una plantilla de entre 30 y 60 empleados, según queda reflejado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

De ellos, el Consejo de la Autoridad contará con 19 puestos correspondientes al presidente del Consejo y a los consejeros, a los puestos de secretaría correspondientes, a un puesto de vocal asesor que asista a la persona que ostente la presidencia y al puesto de secretaría asociado.

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Para la Unidad de asistencia familiar se estima la creación de dos puestos, mientras que para la Secretaría General serán tres.

El resto del personal de la sede principal de la Autoridad estará compuesto por profesionales de diferentes perfiles de administración.

Se requiere de un espacio adaptado para las funciones de la Autoridad y para el personal que se va a acoger, fijando un valor en torno a los 4.300 metros cuadrados (incluido el espacio para aparcamiento).

Este espacio incluye puestos de trabajo, varias salas de reuniones y de videoconferencias, espacios comunes de trabajo para las unidades, espacios multifuncionales y de convivencia, áreas de recepción y espera, etc.

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El objetivo es que la Autoridad entre en funcionamiento en el segundo semestre de 2026, por lo que el procedimiento para la determinación de la sede física se llevará a cabo mediante la tramitación de urgencia.

En este sentido, el Gobierno valorará positivamente aquellas candidaturas que ofrezcan instalaciones plenamente disponibles para ser ocupadas desde el inicio.

En cuanto a la localidad de la futura sede, se espera que tenga una amplia red de acceso a medios de transporte público y servicios hoteleros y de hostelería próximos, que permita el alojamiento de las visitas institucionales y de trabajo.

También será muy importante que haya una distancia cercana y con conectividad fluida a Madrid, dado que, excepcionalmente, las Direcciones de investigación técnica y la Unidad de apoyo técnico tendrán su sede en el municipio de Madrid.

Llega tarde

A finales de febrero se aprobó el Estatuto Orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.

Una decisión que llega con meses de retraso y algo acelerada tras el accidente de Adamuz (Córdoba).

La Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes fue creada el 1 de agosto de 2024. A pesar de ello, no se había puesto en marcha. Carecía de estatutos.

El Gobierno disponía de un plazo de un año para aprobar mediante Real Decreto una propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública el Estatuto de la Autoridad Independiente con todo lo relativo a organización, estructura, funcionamiento y funciones.

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Algo que no hizo. Por ello, las investigaciones del accidente de Adamuz las lleva la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo dependiente del Ministerio de Transportes.

De hecho, una vez que entre en funcionamiento este organismo independiente, quedarán suprimidos otros como la propia CIAF, la Comisión permanente de investigación de accidentes e incidentes marítimos (Ciaim) y la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac).

El personal funcionario de estas comisiones suprimidas pasará a integrarse en la nueva Autoridad y conservará la antigüedad, el grado y las retribuciones que tuviera consolidados.