De una gallega a una suiza: la CIAF se rodea de empresas muy técnicas para esclarecer las causas del accidente de Adamuz

La última ha sido Hasler Rail, una compañía suiza especialista en electrónica y equipos de seguridad ferroviaria (registradores de datos, sensores de velocidad, memorias protegidas, etc.).

Su trabajo será el de analizar el contenido de los registradores jurídicos (JRU) o cajas negras del tren Alvia de Renfe y del de Iryo, implicados en el accidente de tren que ocasionó la muerte de 46 personas.

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El pasado jueves 5 de marzo se produjo el volcado de la información. Según ha podido saber este periódico, Hasler tardará una semana en dar sus primeras conclusiones a la CIAF sobre lo registrado en estas cajas negras que graban datos operativos y de voz, como velocidad, frenado, señales y conversaciones en cabina....

Pese a que la compañía es suiza, opera a través de la filial Sécheron Hasler Ibérica, con sede en Getafe (Madrid).

Dos laboratorios

En paralelo, la CIAF busca fecha para que los dos laboratorios seleccionados por el organismo investigador puedan analizar las cuatro muestras de carril que están bajo su custodia desde el pasado 18 de enero.

Hablamos del centro gallego privado Aimen Centro Tecnológico y del laboratorio público Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CEMIN), adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tal y como avanzó este periódico.

Aimen es la primera vez que trabaja directamente para la CIAF, pero tiene bastante experiencia en el sector. Incluso a nivel internacional.

Participó en el proyecto europeo Asset4Rail, donde desarrolló sistemas de monitorización de vagones y de la geometría de la vía para prevención de fallos e incidencias.

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En este caso, su trabajo consistirá en analizar en coordinación con CEMIN las características del fallo en lo referente al carril y su soldadura como puntos de inicio o desarrollo de grietas.

También tendrá que caracterizar las propiedades del carril e identificará posibles orígenes del fallo.

Para sus trabajos no hay fecha de finalización, pero sí un presupuesto de 9.500 euros, según detalla la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) en un informe remitido a la jueza con fecha del 13 de febrero.

Por su parte, el CEMIN se encargará de hacer el estudio más completo posible para analizar el estado del carril y soldadura que se rompieron así como el carril gemelo que no presenta daños.

Su contrato tendrá una duración de seis meses y un coste de 53.100 euros (IVA no incluido).

La comisión de investigación eligió a dos laboratorios por cuestiones de “transparencia” y para evitar “señalamientos inoportunos”.

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Según ha podido saber este periódico, la CIAF tiene que agendar una cita con los dos laboratorios para que se personen en sus instalaciones y analicen las pruebas.

Algo que se está demorando porque también se pretende investigar conjuntamente con otra rotura de carril en Tarragona que se produjo días después del accidente de Adamuz para ver si guardan relación.

A estas empresas especializadas hay que sumar el apoyo y asesoramiento que ya están dando los expertos de la Agencia Ferroviaria de la UE (ERA, por sus siglas en inglés).

De hecho, una delegación visitó hace semanas la sede de la CIAF para ayudar en la investigación.

1.000 documentos

En paralelo, los investigadores de la CIAF tienen sobre la mesa cerca de 1.000 documentos para examinar sobre el accidente.

La gran mayoría pertenecen a Adif, a la que en un inicio se le acusó de “falta de colaboración” por parte de este organismo investigador y de la propia Guardia Civil.

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Entre ellos también están los polémicos informes de Ayesa sobre la soldadura y de los que se han notificado manipulaciones.

Asimismo, hay documentación aportada por Renfe e Iryo, e incluso por Ouigo, que no tuvo nada que ver en el siniestro. Si bien es cierto que se le ha pedido información por ser operador de la línea donde se produjo el accidente.

El volumen de información va en aumento porque desde la CIAF se sigue requiriendo más a medida que avanzan las pesquisas.

Hay que tener en cuenta que están en una fase inicial. De media, tardan entre 12 y 15 meses en cerrar un caso y emitir su informe. Eso quiere decir que fácilmente hasta el año que viene no tendrán cerrado el caso.