Fábrica de Talgo en Álava.

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El Supremo pide al Gobierno la información reservada que usó para denegar la opa húngara sobre Talgo

La oferta húngara por Talgo fue públicamente aceptada por Pegaso, ya que ofrecía hasta 5 euros por acción.

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S.T / Agencias
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Las claves

El Tribunal Supremo ha pedido al Gobierno toda la información utilizada para denegar la opa de Magyar Vagon sobre Talgo, incluidos archivos reservados, salvo los del CNI.

La solicitud surge tras el recurso presentado por el consorcio Pegaso Transportation International, que controlaba el 40% del capital de Talgo y apoyaba la oferta húngara.

El Gobierno vetó la operación alegando motivos de seguridad nacional, lo que impidió a Trilantic vender sus acciones a un precio superior al ofrecido por el consorcio vasco Sidenor.

El Supremo decidirá ahora qué información se puede facilitar al demandante tras recibir la documentación requerida.

El Tribunal Supremo ha requerido al Gobierno a que le entregue toda la información que usó para denegar la Oferta Pública de Adquisición (opa) que lanzó la empresa Magyar Vagon para comprar Talgo, incluyendo los archivos calificados como reservados, excepto los elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Así consta en un auto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, consultado por Europa Press, que está fechado el pasado 12 de noviembre y que daba un plazo de cinco días a la Administración para la entrega de la información.

Una vez entregada la documentación en mano a la letrada de la Administración de Justicia de la Sección 3ª, la sala decidiría qué información se puede poner a disposición del demandante, que ha sido el consorcio Pegaso Transportation International.

Esta sociedad estaba conformada por el fondo inglés Trilantic, la familia Oriol (fundadores de Talgo) y la familia Abelló, y era el vehículo a través del cual todos ellos controlaban el 40% del capital del fabricante de trenes.

La oferta húngara por Talgo fue públicamente aceptada por Pegaso, ya que ofrecía hasta 5 euros por acción, por lo que el veto del Gobierno truncó las expectativas de Trilantic de vender sus acciones a un precio superior al que finalmente las va a vender al consorcio vasco encabezado por Sidenor (4,25 euros).

Por ello, Pegaso acudió a la justicia para obligar al Gobierno a que entregue toda la documentación en la que se basó para argumentar el veto a la empresa húngara. En su momento, el Ejecutivo aseguró que lo hacía por motivos de "seguridad nacional".

De hecho, el propio CNI participó en la elaboración de la información que el Gobierno usó para denegar la opa, concretamente los documentos identificados con los números 73 y 96, según la información adelantada por El Periódico.

Esta última orden del Supremo se produce al levantar la suspensión del recurso principal después de que otro recurso conexo finalizara por desistimiento.