Una imagen de Rodalies.

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Observatorio de la movilidad

Qué es Rodalies y qué consecuencias tendría su traspaso a la Generalitat

El acuerdo pactado entre ERC y el PSOE respecto a la red de Cercanías de Cataluña conlleva una serie de cambios que explicamos a continuación.

2 noviembre, 2023 13:57

PSOE y ERC han cerrado un acuerdo para el traspaso integral del servicio de Cercanías (Rodalies) a la Generalitat de Cataluña. Dicho acuerdo incluiría las vías de Adif, los trenes de Renfe y los fondos para gestionar la red ferroviaria. Un traspaso que se haría de forma progresiva.

De esta manera, ERC y el gobierno presidido por Pere Aragonés lograrían una de sus principales exigencias para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

Se trata de una reivindicación a la que se le puede poner el sello de histórica. Y aunque la titularidad ya es de la Generalitat, la infraestructura es del gestor ferroviario Adif y quien opera es Renfe bajo los criterios encargados por el Govern.

¿Por qué esta reivindicación?

Desde hace años, Cataluña viene quejándose sistemáticamente de la falta de inversión y el mal servicio que se presta a los catalanes. Y los choques entre el Gobierno de España y Generalitat han sido constantes.

Así, por ejemplo, y antes del acuerdo antes indicado, la ministra de Transportes en funciones, Raquel Sánchez, le dijo al Govern que se trataba de una “red de interés del Estado”. A lo que el presidente de la Generalitat respondió con las siguientes palabras: “Rodalies debe servir al interés de la ciudadanía y no al Estado”.

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Por tanto, lo que quiere el Govern es tener la competencia plena de Rodalies. Dicho de otra manera, tener la capacidad para poder decidir dónde y cuánto se invierte en esta infraestructura, la gestión de la vía y la operación del servicio.

En otras palabras, su interés es el de dejar fuera al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), por un lado; por otro, también a Adif y a Renfe. Resumiendo, al Estado.

¿Por qué es una red de interés del Estado?

La red está conformada por 1.200 kilómetros en los que ‘conviven’ tanto trenes de cercanías de Cataluña (Rodalies), alta velocidad, media y larga distancia, y mercancías. Por tanto, hablamos de empresas públicas (como Renfe), pero también privadas (como Ouigo o Iryo), si nos centramos en el transporte de personas. En el caso de mercancías, hay más jugadores.

De esta manera, Rodalies es un nodo de transportes esencial para el Estado ya que por él pasan algunas de las principales líneas de ferrocarriles nacionales. De ahí esa calificación de ‘red de interés del Estado’.

¿Quién es el titular de Rodalies?

La Generalitat de Cataluña es la titular de Rodalies. Y es así desde 2010. Por tanto, es la dueña del servicio. Dicho de otra manera, es quien puede decidir sobre los horarios, los precios, la seguridad, y los criterios de calidad que se deben implementar, entre otras cosas.

La infraestructura (vías y estaciones) de Rodalies es propiedad de Adif, como el resto de la red del Estado. Esto significa que es el gestor ferroviario el que decide, de acuerdo con los planes de inversión del Ministerio, cuánto, cómo y por qué se invierte en un determinado tramo de Rodalies. 

¿Cuál es el papel de Renfe? 

Renfe es el operador del servicio ferroviario de cercanías catalán. Es decir, es el que pone los trenes en los que viajan los pasajeros. Lo hace de acuerdo con los criterios impuestos por la Generalitat, que abona después la factura por los servicios prestados.

O no. El Tribunal Superior de Justicia ha condenado al gobierno catalán a abonar 81 millones al operador por determinados servicios prestados entre 2016 y 2019. ¿El motivo? Considera que es el Estado el que debe abonar esas facturas. Algo que el TSJC tumba en una sentencia que será recurrida por la Generalitat.

¿Por qué el interés de la Generalitat?

Porque el traspaso integral de Rodalies significaría ser titular del servicio, de la infraestructura y que Ferrocarrils de la Generalitat sea la que opere los servicios, dejando fuera a Renfe.

Un traspaso competencial que implicaría, asimismo, que el Estado debería transferir la cantidad de dinero necesaria para mantener el servicio. Algo a lo que, hasta ahora, los distintos gobiernos centrales se han negado.