Las asociaciones del taxi han ganado la partida a los representantes de Uber y Cabify. El Gobierno ha decidido que el servicio de autotaxi sea considerado "servicio de interés público". Todo un golpe a la línea de flotación de los coches de alquiler con conductor (VTC) que, además, tendrán a partir de ahora nuevas limitaciones a la hora de solicitar nuevas licencias. 

Así se recoge en el decreto 'cajón de sastre' aprobado por el Ejecutivo este martes, en el que cambia la norma sobre VTC para adaptarse a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tumba la regulación basada en el 1/30. Es decir, una licencia de VTC por cada 30 de taxi. 

Según ha pactado el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con los taxistas, a partir de ahora las comunidades autónomas tendrán nuevas fórmulas para limitar la presencia de coches de Uber o Cabify en sus calles. ¿Cómo? Gracias a los criterios medioambientales o de gestión del tráfico de cada autonomía, algo que el propio TJUE admitía como fórmula para la expedición de licencias urbanas. 

Más calidad

Según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, los nuevos criterios "permitirán que haya requisitos de mayor calidad" para el servicio. Así, quien quiera solicitar una nueva licencia VTC deberá contar con un vehículo en propiedad o renting durante un plazo superior a los tres meses.

Aunque las competencias están cedidas a las comunidades autónomas, el Gobierno establece ahora el marco general que, además, regula a las VTC de carácter interurbano. Para ello, establece que las administraciones puedan denegar nuevas licencias "si en el momento del otorgamiento se supera el valor límite anual de NO2 o PM2,5 o el valor objetivo o valor objetivo a largo plazo del O3, en alguna zona" de la región donde se quiere instalar el interesado. 

Ahora bien, el Gobierno establece -según el decreto al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia- que las autonomías puedan "establecer otros criterios en el marco de lo previsto por el derecho comunitario o en las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS)". 

De los criterios medioambientales quedarán exentos los vehículos eléctricos, de célula de combustible o de combustión de hidrógeno. Por tanto, la norma también establece que "se puedan limitar las licencias bajo criterios de gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, establecidos para su ámbito territorial por las comunidades autónomas en que pretenda domiciliarse la autorización".

Ayuntamientos 

El propio Gobierno reconoce que también los ayuntamientos puedan desarrollar "de conformidad con la legislación autonómica, la solicitud de una autorización que deberá estar justificada por razones de interés público". 

Por si fuera poco, Transportes ha aceptado también que el taxi sea considerado como "servicio de interés público".

Por tanto, "los instrumentos de planificación y ejecución de políticas públicas que se lleven a cabo por las Administraciones competentes deberán garantizar la prestación de un servicio de calidad para todos los usuarios, no discriminatorio y con una cobertura de prestación suficiente en todo el territorio, mediante la adopción de las medidas que determinen y delimiten la naturaleza, duración y alcance de las obligaciones correspondientes".