El Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Ley de Movilidad. Una norma que funcionará como paraguas de toda la estrategia estatal de transportes y que dotará a las administraciones de nuevas capacidades en este ámbito. Entre ellas destaca la posibilidad de que los ayuntamientos puedan aplicar una tasa a la circulación dentro de zonas de bajas emisiones. "Una medida que ya funciona en otros países y que ahora tendremos esta posibilidad en España. Siempre teniendo en cuenta que no será obligatorio", ha detectado la Ministra de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

"Esperamos que la nueva norma entre en vigor el año que viene. Queremos que sea el centro de la política de movilidad del país. Es una ley necesaria ya que la movilidad supone el 4,5% del PIB y el 13% del gasto total de los hogares", ha detallado Sánchez.

En este sentido, la ministra de Transportes ha destacado la importancia que la movilidad tiene tanto en el ámbito social como económico. "Esta ley será un instrumento para descarbonizar la economía. El 27% de las emisiones en España tienen que ver con el transporte, cinco puntos por encima de la media europea. Gracias a esta norma cumpliremos con los requerimientos presentes y futuros".

Además, la nueva ley reforzará la apuesta por la digitalización del sector según ha expuesto Raquel Sánchez. "El transporte público estatal, autonómico y municipal va a estar conectado gracias a esta ley. Una cuestión básica para mejorar las ineficiencias actuales que dificultan el día a día de los ciudadanos".

Cuatro pilares

El diseño de la nueva regulación de movilidad parte de cuatro pilares. El primero de ellos reconoce la movilidad como "un derecho social". Una idea, que se viene repitiendo desde la etapa de José Luis Ábalos al frente del ministerio y que ha continuado con Raquel Sánchez, que reconoce el papel fundamental que juega la movilidad a la hora de generar riqueza, desarrollo e igualdad de oportunidades para los ciudadanos.

El segundo de los ejes de la Ley destaca la necesidad de contar con un sistema limpio. La sostenibilidad es la base sobre la que se pretende desarrollar el resto de la normativa. La nueva regulación funcionará como marco a la hora de alcanzar los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones en los que el transporte desempeña un papel clave.

Del mismo modo, la nueva norma hará hincapié en la digitalización. La industria de la movilidad ha sido una de las que más tiempo ha seguido guiándose por patrones analógicos. Del mismo modo, la popularización de ciertas capacidades digitales, han provocado que durante los últimos años surjan infinidad de iniciativas difícilmente clasificables en el marco de la legislación anterior.

Por último, la Ley de Movilidad otorgará un papel central a los ciudadanos. Una forma simbólica pero que, además, va a permitir priorizar aquellos proyectos que ofrezcan un gran valor añadido al día a día de los usuarios. Una cuestión clave en el entorno de los fondos europeos que permitirá que estas iniciativas cuenten con más papeletas para acceder a las ayudas.

Principales iniciativas

Además de marco teórico, la nueva normativa va a poner en marcha una serie de iniciativas que pretenden impactar de forma profunda en la actual organización de los servicios de movilidad en España. Entre ellas destaca la creación de un sistema nacional de movilidad. Este instrumento permitirá, por primera, que las diferentes administraciones territoriales tanto autonómicas como municipales integren sus políticas y conocimientos en lugar de actuar como entes autónomos.

Del mismo modo, la Ley va a permitir la creación de un espacio integrado de datos en el que participarán tanto las diferentes administraciones públicas como el sector privado. Esta herramienta pretende ser uno de los ejes sobre los que puedan nacer iniciativas y servicios público-privados.

Pero que algo así ocurra será necesario permitir que esos datos sean volcados con los mismos patrones por todos los participantes. Por ello, la nueva Ley obligará a un proceso de digitalización y homologación de la gestión de los datos de las actividades de los operadores de servicios de movilidad. Un punto para el que se pretende ofrecer un calendario flexible y en el que las compañías podrán apoyarse en los fondos Next Generation para implantarlos.

Finalmente, la normativa incluye una de las medidas más demandadas desde los diferentes participantes en el sector: un sandbox de movilidad. Al igual que en iniciativas similares en el mundo de las finanzas o los seguros, este instrumento permitirá que, proyectos que no cumplan parte de la Ley puedan operar en un escenario de condiciones de mercado con la supervisión de administración.