La infraestructura de carga para el coche eléctrico no arranca. Miles de puntos listos para dotar de energía a los vehículos de nueva generación esperan listos la tramitación de un permiso administrativo que no llega. Una situación que se vuelve aún más compleja con las instalaciones ultrarrápidas que son las que permitirán cargas cercanas a los 15 minutos en los grandes corredores de la península. 

Ante esta situación, los operadores encargados de desplegar esta red comienzan a alertar sobre las consecuencias que puede tener para España no cambiar esta situación de forma radical. Desde todos los estamentos de la industria se señala a la falta de esta infraestructura como la principal razón del lento despegue de las ventas de los vehículos cero emisiones.

Además de hacer que este mercado no despegue, el actual ritmo de despliegue pone en peligro la consecución de importantes compromisos que España ha adoptado ante Bruselas. El transporte es el causante de un porcentaje importante de las emisiones que deben cortarse por lo sano en los próximos años.

Por ello, España se comprometió a tener una red de 100.000 puntos de carga a finales de 2023. Un objetivo que al ritmo actual parece poco realista. 

Yincana administrativa

Desde gigantes como Iberdrola a operadores de nueva creación como Zunder se está viviendo esta situación con incredulidad. Ahora que la tecnología, las capacidades económicas y los recursos económicos están listos, las trabas administrativas están ralentizando el desarrollo de la infraestructura que populizará los desplazamientos cero emisiones. 

Desde Iberdrola señalan que cuentan con más de 2.000 puntos que no pueden dar servicio por falta de algún requisito administrativo. "Este proceso involucra a las tres administraciones: municipales, autonómicas y estatales. En cada instalación hay que pasar todos los filtros, lo que puede disparar los tiempos por encima de 20 meses", señalan desde la eléctrica.

Una circunstancia que está afectando, sobre todo, a las instalaciones de carga ultrarrápida. "El decreto 23/2020 fijó que en lo que se refiere a media tensión, con puntos de 250 kW, requieren un paso administrativo previo que está delegado a las comunidades autónomas. Revisan tanto el proyecto además de dar la autorización de explotación con tiempos muy poco predecibles".

Desde Zunder las reclamaciones son muy similares. "Si bien es cierto que se han hecho intentos por agilizar los trámites y permisos para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones, la verdad es que solo se ha conseguido agilizar la puesta en servicio de cargadores de baja potencia, lo cual no ayuda a la dinamización del mercado del vehículo eléctrico. Cuando lo que se quiere es desplegar una estación de carga con varios puntos de alta potencia, los trámites pueden demorarse más de dos años".

Las ayudas, en riesgo

Desde el nuevo operador de carga señalan al desconocimiento como otro de los problemas. "Existe un desconocimiento generalizado entre las diferentes Administraciones Públicas en cuanto a los procedimientos y normativas a aplicar a la hora de legalizar estas infraestructuras".

Una situación que está afectando también al cumplir los propios requisitos de las ayudas puestas en marcha para dinamizar este mercado. "Nos encontramos con unos plazos en las ayudas públicas que no se adaptan a los tiempos reales de ejecución, siendo a veces inviable construir una estación de carga, dentro de los tiempos otorgados para la justificación de la ayuda y, por otro lado, luego la administración se demora en exceso en su valoración y concesión de la ayuda hasta que el operador consigue cobrar", explican desde Zunder.

Por todo ello, desde ambas empresas solicitan la unificación y centralización de procesos lo más rápido posible. "Ayudaría mucho poner en marcha una ventanilla. Cuestiones comunes como el silencio administrativo positivo, si no hay respuesta ante un requerimiento en un tiempo determinado se tomaría como afirmativa, o la carga de la responsabilidad de nuestro lado en las instalaciones de media tensión, como se hace con la declaración responsable, ayudarían mucho a desplegar puntos de carga", indican desde Iberdrola.

Un punto al que desde Zunder se suma una petición a las distribuidoras. "La relación con las distribuidoras se divide en dos fases. Primero deben informar sobre la capacidad existente para que el punto de carga pueda conectarse a su red. Este trámite puede demorarse varios meses cuando hablamos de estaciones de carga de alta potencia. Una vez la obra está terminada y legalizadas con la Administración Pública, las distribuidoras deben hacer los trabajos de conexión de la instalación a su red eléctrica. Este último paso está lleno de hitos que son gestionados por diferentes departamentos de las distribuidoras y con muy poca homogeneidad entre las compañías", concluyen desde la operadora.