Bruselas denuncia a España ante el TJUE por no aplicar correctamente la Ley de Servicios Digitales
Bruselas denuncia a España ante el TJUE por no aplicar correctamente la Ley de Servicios Digitales
El Gobierno de Sánchez no le ha dado a la CNMC las competencias necesarias para vigilar el cumplimiento de la norma ni ha establecido un régimen de sanciones adecuado.
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La Comisión Europea ha decidido este miércoles denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no aplicar correctamente la Ley de Servicios Digitales, cuyo objetivo es regular las responsabilidades de las grandes plataformas. En concreto, el Gobierno de Pedro Sánchez no le ha dado a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) las competencias necesarias para vigilar el cumplimiento de la norma, ni ha establecido un régimen de sanciones adecuado para los infractores.
Además de España, Bruselas ha llevado ante el TJUE a Polonia, Portugal, República Checa y Chipre también por la falta de aplicación efectiva de la Ley de Servicios Digitales.
La norma en cuestión exige a los Estados miembros que designen a una o varias autoridades competentes para su supervisión y ejecución y que una de ellas sea nombrada como Coordinador Nacional de Servicios Digitales a más tardar el 17 de febrero de 2024. Estos Coordinadores deben contar con las competencias necesarias para desempeñar sus funciones. Además, todos los países deben establecer normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones del reglamento.
"Los Coordinadores de Servicios Digitales son esenciales para supervisar y hacer cumplir el reglamento de Servicios Digitales y velar por su aplicación uniforme en toda la Unión, en cooperación con la Comisión", ha explicado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Aunque el Gobierno de Sánchez ha designado a la CNMC como Coordinador de Servicios Digitales en España, no le ha dotado con las competencias necesarias para llevar a cabo sus tareas en virtud de la normativa de la UE, según la evaluación de Bruselas.
Además, España tampoco ha establecido el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de la Ley de Servicios Digitales.
Por este motivo, Bruselas lanzó un procedimiento de infracción contra España mediante el envío de una carta de emplazamiento el 25 de julio de 2024. A falta de una respuesta convincente, el Ejecutivo comunitario remitió a nuestro país un dictamen motivado (segundo paso en el expediente) el 16 de diciembre de 2024, solicitando oficialmente que la ley española se ajuste a la norma comunitaria.
Dado que España no ha adoptado las medidas necesarias, la Comisión ha decidido llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Ley de Servicios Digitales regula la prestación de servicios de intermediación en línea en la Unión, incluidas todo tipo de plataformas digitales como redes sociales, comercio electrónico, plataformas de intercambio de contenidos y tiendas de aplicaciones.
Su objeto es garantizar la seguridad de los usuarios, proteger los derechos fundamentales y crear un entorno digital equitativo y abierto. La responsabilidad de aplicar este reglamento "de manera adecuada y coherente en toda la Unión" está compartida entre la Comisión y los Coordinadores de Servicios Digitales nacionales.
