La tasa Google amenaza con convertirse en un fracaso incluso antes de que comience a cobrarse en nuestro país. Y esto es porque los gigantes digitales ya han tomado la decisión de que repercutirán este impuesto del 3% sobre determinados servicios digitales a sus clientes, la gran mayoría pequeñas, medianas empresas y autónomos.

El objetivo del Ejecutivo es ingresar unos 950 millones de euros al año con esta tasa y las grandes tecnológicas esperan poder trasladar al menos 500 millones de este coste a las pymes españolas. Algunas como Amazon trasladarán íntegro el impacto del 3%, pero otras como Google han preferido aplicar alzas de solo dos puntos. El resto de compañías repercutirán también el coste, pero no todas lo harán por el total. 

El Gobierno de Pedro Sánchez tenía solo dos objetivos con esta tasa: que las grandes corporaciones digitales pagasen por los ingresos que efectivamente generan en nuestro país y que ninguna pequeña empresa se viene afectada por este movimiento.

Pues bien: a solo tres meses de que se haga la primera autoliquidación, ningún gigante digital ha cambiado su manera de tributar en España y, al contrario de lo esperado, serán las pequeñas empresas las que paguen el impuesto que ya le están repercutiendo los gigantes digitales.

El primero en dar el paso fue Amazon. A finales de enero comunicó a sus clientes, empresas y autónomos, que desde abril cargará a sus transacciones un 3% extra equivalente al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD).

Movimiento de Google

El gigante del comercio electrónico informó de este cargo en las tarifas de los artículos que se venden desde la plataforma en España a las empresas a través de un correo electrónico.

Lo mismo ha hecho Google este miércoles. En un comunicado informó que los clientes que quieran contratar publicidad con el famoso buscador tendrán que afrontar un recargo del 2%.

La medida adoptada por el gigante tecnológico entrará en vigor a partir del próximo 1 de mayo y busca, según ha dado a conocer, paliar el impacto que la tasa generará en su cuenta de resultados.

Pero no serán los únicos. Este periódico ha podido confirmar con un buen puñado de tecnológicas y empresas de servicios digitales que tendrán que pagar este impuesto, repercutirán a sus clientes el coste del servicio en las próximas semanas.

Estas mismas fuentes cifran en varias decenas de millones de euros el impacto en sus balances, algo que no podrán asumir con sus actuales estructuras fiscales en España. La mayoría de ellas operan como un filial que factura servicios externos a sus matrices en países con menores cargas impositivas, por lo que sus ingresos son mucho más reducidos de lo que efectivamente generan en nuestro país.

Costes añadidos

Como estas estructuras no cambiarán -solo Netflix ha dicho que lo hará a partir de 2021- deberán repercutir el coste de este impuesto en sus clientes. El problema que estos clientes no son grandes empresas, sino que la mayoría son pymes.

Unas compañías que en estos momentos intentan digitalizarse de la mano de estos gigantes y cuyos negocios están duramente afectados por la pandemia. Como mínimo, según las fuentes consultadas, unos 500 millones de costes extras para unas 9.000 pymes españoles para las que la digitalización no es una opción.

La tasa Google gravará a aquellas empresas con ingresos anuales totales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los tres millones de euros.

Pago en verano

Se dirige a servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.

Deberá pagarse a partir de julio, fecha de la liquidación del segundo trimestre. Esto no significa que se haya retrasado su aplicación. De hecho, la fecha se mantiene inalterable a partir de este 16 de enero. Lo único que cambia es el momento del pago, por lo que en verano todas las empresas afectadas deberán liquidar los dos trimestres en curso.

Esto porque se han producido retrasos en la elaboración de los reglamentos correspondientes y de las plataformas informáticas necesarias para realizar estos cobros.