Así se desprende de la decimotercera Encuesta de Planes de Pensiones del Observatorio Inverco. En ella se observa que, con respecto a la nueva Ley para el Impulso de los Planes de Empleo, el 68% de las entidades echa en falta estímulos que la permitan funcionar y tener un elevado desarrollo y el 24% considera que no aporta ninguna novedad a lo que ya está en la actualidad.

Es decir, apenas una de cada diez entidades valora positivamente la iniciativa promovida por el ministro José Luis Escrivá y cree que va a impulsar el sector.

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Cabe recordar que este verano ya se conoció la letra grande del reglamento de esta ley, donde se indicaba que la comisión total de los fondos públicos de pensiones no superará el 0,40% (0,30% por gestión y 0,10% por la custodia de los activos), aunque habrá excepciones a cinco años. No obstante, como se ha deslizado por parte de algunos miembros del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, podría haber un segundo reglamento para concretar las cuestiones pendientes.

Por ahora, solamente el sector de la construcción ha confirmado mediante su reciente acuerdo de renovación del convenio colectivo que constituirán un fondo de pensiones colectivo para sus trabajadores bajo el nuevo formato.

Pensiones individuales

En el terreno individual, un 71% de las gestoras prevé una caída por encima del 10% en las aportaciones brutas en su entidad durante la campaña navideña de pensiones, como consecuencia de la reducción del límite desgravable de las aportaciones, de 2.000 a 1.500 euros, que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2022. Incluso, un 14% eleva esa previsión de caídas por encima del 30%.

En cuanto al volumen de aportaciones netas (descontadas las prestaciones), que ya en 2021 tuvo un saldo negativo por primera vez en su historia de 92 millones de euros, cuando entró en vigor la caída en los límites de aportaciones de 8.000 a 2.000 euros, el 78% de las entidades opina que esa cifra seguirá empeorando este ejercicio, frente al 22% que cree que se mantendrán. Esto es, nadie proyecta una mejoría.

Otro aspecto destacado en el barómetro del Observatorio Inverco es que casi el 80% de las entidades propone eliminar o limitar la norma que permitirá en 2025 la liquidez en las aportaciones con diez años de antigüedad “para evitar que los partícipes utilicen sus prestaciones para necesidades de financiación a corto plazo y con finalidades distintas de la previsión social”, explican.

El descontento de la industria financiera con la reforma privada de las pensiones se suma a la inquietud de los sindicatos, la patronal y los socios del Gobierno con respecto a la segunda fase de la reforma de la pensión pública que estos días se está debatiendo.

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Escrivá ha planteado elevar el periodo de cómputo de las pensiones de 25 a 30 años, aunque el cotizante podría elegir los mejores 28 años a nivel de ingresos laborales para el cálculo.

Mientras que el ministro del ramo asegura que descartar los dos peores ejercicios sobre una base temporal mayor beneficiaría a las pensiones futuras, consultoras como Willis Towers Watson ya han emitido informes contrarios alegando que subir el cálculo perjudicaría a las mujeres frente a los hombres.