El Gobierno prevé escoger mediante un "concurso competitivo abierto" a la gestora y al banco depositario para el fondo de pensiones público de empleo, una vez que presente un proyecto de ley sobre fondos de pensiones públicos de empleo en el plazo máximo de 12 meses.

Según recoge el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, los fondos de pensiones públicos de empleo serán de "carácter abierto" en relación con los procesos de inversión desarrollados y se atribuirá a la Administración General del Estado capacidad legal para su promoción.

Podrán adscribirse a estos fondos de pensiones de promoción pública los planes de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus especificaciones y, por defecto, los planes de pensiones de la modalidad de empleo que no determinen un fondo de pensiones específico concreto.

El Gobierno prevé regular procedimientos simplificados para la integración de los planes de pensiones de empleo en los fondos de pensiones públicos de empleo y se contempla también la integración de planes de pensiones asociados de trabajadores autónomos.

Igualmente, estos fondos de pensiones públicos podrán canalizar inversiones de otros fondos de empleo que así lo decidan con un nivel de gastos "que incentive la competencia en el sector".

Derecho de veto

Los fondos de pensiones públicos de empleo estarán regidos por una comisión de control. La política de inversiones del fondo de pensiones, aprobada por la comisión de control, se hará constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con autorización expresa otorgada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Según recoge el anteproyecto, dicho ministerio tendrá derecho de veto en relación con las decisiones de la comisión de control del fondo que afecten a la estrategia de inversión, así como a la sustitución de las entidades gestora y depositaria.