Ha sido uno de los colectivos más castigados por la crisis y la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia anticipa más golpes a medio plazo. A la difícil situación financiera por la que atraviesan los autónomos, se suma ahora la posibilidad de quedar prácticamente expulsados del sistema de ahorro privado para la jubilación, ante la intención del Gobierno de eliminar los ‘incentivos’ fiscales a los planes de pensiones individuales.

La industria financiera lleva tiempo advirtiendo de esta situación y estos días ha vuelto a expresar su preocupación por la intención del Ejecutivo de trasladar esas ventajas a los planes de empleo.

Al fin y al cabo, los trabajadores autónomos no dependen de ninguna empresa que pueda ofrecerles un plan de ahorro para la jubilación. Así, los expertos advierten de que empeorar la fiscalidad de los planes individuales supone matar el único producto que puede incentivar el tan necesario ahorro para que este colectivo logre mantener su nivel de vida en el momento de la jubilación.

Ingresos insuficientes

“La insuficiencia de la futura pensión pública es un problema que afecta a todos los españoles, pero se hace más acuciante aun de tomar medidas en el segmento de los autónomos”, indican desde el sector bancario. Los datos lo demuestran. El 85% de los autónomos cotiza por la base mínima a la Seguridad Social, y, cuanto más reducida es la base, más limitada quedará su pensión futura.

Es cierto que el Gobierno está intentando solucionar esta realidad con un esquema de cotización por tramos. Pero de momento no hay nada cerrado ni tampoco solucionaría el problema para los autónomos que menos ingresen y, por tanto, que más necesitarán un complemento para su jubilación futura. 

Seis de cada diez trabajadores no pueden acceder a planes de pensiones de empleo, según Inverco.

Los últimos datos públicos apuntan a que los autónomos reciben una pensión media de unos 700 euros, muy por debajo de los 1.113 euros de los trabajadores del régimen general. Cerrar esa brecha debe ser objetivo prioritario de la reforma de las pensiones y la industria financiera lo tiene claro: o todos tienen acceso a un plan de empleo, o no se puede eliminar el incentivo a los planes individuales.

Durante un encuentro financiero celebrado estos días en Madrid, organizado por KPMG y Expansión, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, reconocía que el sistema de ahorro privado no ha funcionado correctamente, haciendo incluso autocrítica para el sector. "El ahorro medio es bajo y los sistemas no han funcionado. Hay que reconocer que la actividad aseguradora y bancaria no ha contribuido de manera suficiente al objetivo", apuntaba.

Sin alternativa

En este escenario, Huertas defiende la creación de un sistema de planes de empleo similar al de Reino Unido, de carácter cuasi obligatorio, donde en los últimos 11 años los trabajadores adscritos han acumulado más de 100.000 millones de libras para su retiro.

El directivo insiste, no obstante, en que esto no resolvería el problema para los autónomos, “que son muchísimos en España y corren el riesgo de no tener nunca un plan de empleo”. “Si se eliminan las deducciones, estaremos haciendo un flaco favor para que los autónomos puedan generar ahorro adicional de cara a la jubilación”, insiste.

“No solo no hay que eliminar, sino incentivar los planes individuales fortaleciendo el pilar 2 (planes de pensiones de empresa) y fortalecer el pilar 3 (planes individuales), que es donde puede ahorrar este colectivo”, insiste Huertas.

En el mismo sentido se manifiestan desde Unespa, patronal de los seguros, al señalar que “la previsión social complementaria debe diseñarse teniendo en cuenta que el tejido empresarial español está formado en su mayoría por pymes y cuenta con un elevado número de trabajadores autónomos”, a los que actualmente las gestoras otorgan un trato de ‘individual’ a la hora de ofrecerles productos de ahorro para la jubilación.

Desde la patronal de fondos de inversión también han reforzado su discurso estos días en torno a este asunto. El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, siempre ha señalado la vulnerabilidad de los autónomos, así como la de los trabajadores con contrato temporal o a tiempo parcial, ante la dificultad para mejorar lo que les corresponda por pensión pública.

Los estudios de la patronal apuntan a que, en total, seis de cada diez trabajadores en España son susceptibles de tener problemas para acceder a una pensión ‘decente’ en el momento de su jubilación. Una cifra demasiado elevada como para no tenerla en cuenta a la hora de negociar la futura reforma de las pensiones.

El sector bancario, y sus gestoras de activos, también se ha posicionado de manera firme en contra de la desaparición de las ‘ventajas’ fiscales (que en realidad son diferimientos de impuestos) de los planes de pensiones.

Especialmente ante un entorno en el que, según un estudio de BBVA, en 2050 se necesitará una población activa de 29 millones de cotizantes para que se paguen las pensiones con sus contribuciones a la Seguridad Social. “Es algo imposible, los cotizantes tendrían que aumentar en 10 millones”, advierten desde la industria.