La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez Santiago Pedraz que asuma la investigación de dos querellas interpuestas por perjudicados en la presunta estafa de Grupo Herrero Brigantina, que rondaría, en total, los 40 millones de euros.

En un auto fechado este mismo viernes, los magistrados de la Sección Tercera estiman el recurso presentado por los afectados, que impugnaron la decisión de Pedraz de inadmitir ambas querellas.

Además, el pasado 28 de diciembre de 2023, el instructor rechazó asumir esta investigación, que le había enviado el Juzgado de Instrucción Número 4 de Salamanca, que hasta este momento se había encargado de investigar el caso y que se inhibió a favor del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, del que Pedraz es titular.

Este último consideró aventurado asumirla, antes de constatar el verdadero alcance de los hechos denunciados. Posteriormente, inadmitió las dos querellas para evitar que existieran dos procesos judiciales sobre el mismo asunto. Ahora bien, la Sala recomienda ahora unificar todo el procedimiento y que sea la Audiencia Nacional la que lo investigue "para evitar duplicidades".

Los perjudicados sostienen que, supuestamente, Herrero Brigantina comercializó uno de sus productos a sabiendas de que la rentabilidad no iba a ser pagada, con ánimo de estafar a los inversores.

Tal y como desveló EL ESPAÑOL-Invertia, el fundador del conglomerado, Juan González Herrero, que estaba en paradero desconocido desde el pasado verano, se encuentra, en realidad, en Colombia.

El auto de la Sala de lo Penal indica que los hechos denunciados "tienen apariencia de delito de estafa". El número de afectados en la misma no sería —sin contar los personados en el procedimiento judicial de Salamanca— inferior a los 82 que figuran en las querellas, que también se dirigen contra North Atlantic Insure Broker CO y Broker Asegurador de Altamar.

El tribunal, además, recomienda aglutinar en un único procedimiento judicial todas las querellas, ya que la supuesta estafa afectaría a, al menos, las 14 provincias en las que residen los querellantes.

La cantidad presuntamente defraudada rondaría los 40 millones de euros, según expresó uno de los recursos, lo que supera el límite de los siete millones de euros que establece la jurisprudencia para atribuir la competencia de la investigación a la Audiencia Nacional.