Solventis ha lanzado este jueves el fondo de inversión Fondviso tras haber sido aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con él, la firma prevé captar hasta 650 millones de euros para la construcción en diez años de 12.000 viviendas de alquiler asequible. La rentabilidad neta esperada es del 7%.

El fondo cuenta con criterios ESG (siglas inglesas de ambientales, sostenibilidad y gobernanza) y que, mediante la colaboración público-privada, pretende fomentar el acceso a la vivienda de alquiler, llegando a bajar "un 30% el coste de habitabilidad del inquilino".

Las 12.000 viviendas construidas a lo largo de una década estarían destinadas, según la entidad, a los hogares con unos ingresos mínimos medios entre 28.000 y 45.000 euros, lo que equivale al 30% de la población de la española, tal y como ha señalado la firma en un comunicado recogido por Europa Press.

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"Por tanto, constituye una nueva vía para combatir la escasa oferta pública de alquiler social y asequible en nuestro país, que se sitúa en el 1,6% del total, frente al 15% de media de Europa", han explicado en la firma.

Según los datos ofrecidos por Solventis, el 35% de las familias que viven de alquiler destinan más del 40% de su renta neta, y el objetivo es que puedan dedicar un máximo del 30%.

Rentabilidad

Toni Bosh, director de inversiones alternativas inmobiliarias de Solventis, ha remarcado eque Fondviso es un fondo de inversión socialmente responsable que generará viviendas asequibles tanto en ciudades "especialmente tensionadas" como en poblaciones periféricas que "no cuentan con suficiente oferta de alquiler".

El fondo, que cuenta con un mínimo de inversión de un millón de euros, está enfocado hacia los inversores institucionales. "A algunos de estos inversores a largo plazo del ámbito financiero les preocupa muy mucho el reisgo reputacional que supone invertir en vivienda. Fondviso da solución a este problema", ha destacado Bosh.

Estos inversores, como titulares del inmueble, obtendrían una rentabilidad neta anual superior al 7% y tendrían que hacer frente al riesgo de edificación de las viviendas.

La firma ha acompañado la noticia de este nuevo fondo con una propuesta de modelo para la colaboración público-privada, por la que la administración gestionaría el alquiler de las viviendas por un periodo no inferior a 30 años a cambio de un canon fijo anual en concepto de pago por disponibilidad al vehículo de inversión.

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La administración tendría que asumir los costes y riesgos de gestión de inquilinos (como morosidad o desocupación) y, pasado ese periodo, la infraestructura pasaría a ser de titularidad pública.

Bosch ha apuntado al componente flexible de esta propuesta ya que "cada administración local, al gestionar la infraestructura, podrá adaptar las políticas locales de vivienda a las necesidades cambiantes de esa población modificando las condiciones de alquiler o los destinatarios de las viviendas asequibles".