Blázquez demanda más de cinco millones de euros como compensación por “los múltiples incumplimientos de su acuerdo de accionistas con Beka Finance”, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras.

CIMA resolverá previsiblemente en septiembre el laudo no recurrible sobre un conflicto que desembocó en la revocación de la autorización administrativa para operar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el pasado 23 de diciembre de 2022. Un mes más tarde, Blázquez impugnó tal revocación al banco privado y pidió la intervención de la CNMV para asegurar una adecuada gestión o la suspensión temporal de las actividades.

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La valoración por encima de cinco millones que estima el banquero, relativa al arranque y puesta en funcionamiento del proyecto de Beka Values, se encuentra en la documentación incorporada al expediente de arbitraje.

El principal punto de conflicto es la junta general extraordinaria que se produjo el 27 de octubre de 2021 y por la que se le cesó por la vía de una acción social de responsabilidad, “sin incorporarse en el orden del día, y mediante una concertación de los representantes del accionista mayoritario -Beka Finance-, apropiándose de la gestión y perjudicando a la sociedad y al accionista minoritario”.

Otras compensaciones

La convocatoria, desarrollo y acuerdos de esa junta están impugnados, a través de una demanda interpuesta por el CEO cesado, en el juzgado mercantil número 8 de Madrid, siendo la audiencia previa el próximo día 9 de mayo. “Por parte de Beka Finance, consejeros u otros accionistas, no se ha interpuesto, 17 meses después de la citada junta, demanda alguna contra el consejero delegado cesado”, indican las fuentes.

Asimismo, Blázquez señala la no aportación en forma de capital por Beka Finance de las cantidades económicas acordadas para el lanzamiento del proyecto, esto es, 2,1 millones de euros. Parte de estas se habrían aportado mediante la concesión de un préstamo participativo de 900.000 euros que, “en contra de lo notificado a la CNMV en el expediente de autorización, no se capitalizó, lo cual desembocó en un incumplimiento de los compromisos regulatorios de recursos propios”.

Además, el fundador y CEO de Beka Values solicita otras compensaciones económicas derivadas de la pérdida de valor de su participación como consecuencia de la paralización de la actividad de la sociedad desde su cese hasta la revocación de la autorización para operar de la agencia, así como las cantidades económicas que debería haber percibido, también según el acuerdo, desde su destitución hasta la formalización del laudo arbitral, que no le están siendo abonadas.

Las partes implicadas ya han efectuado las alegaciones correspondientes y el proceso del arbitraje debería concluir en un plazo de seis meses -en septiembre- con el preceptivo laudo de obligado cumplimiento. En las próximas semanas se realizarán las pruebas testificales y periciales, seguidas de la formulación de las conclusiones respectivas sobre las que se dictará el laudo.