En la actualidad, las sicav gestionan 29.222 millones de euros, con datos de Inverco a cierre de junio. En total, son 2.347 sicav con 359.103 accionistas las que operan en España.

Las estimaciones de posibles daños han sido realizadas en un seminario organizado por el despacho de abogados Gómez-Acebo y Pombo, tras la citada Ley 11/2021. En el encuentro, estuvieron presentes varios abogados y socios del bufete, responsables de la Dirección General de Tributos, Inverco y representantes de grandes bancos y seguros españoles e internacionales, entre ellos CaixaBank, BBVA, Lombard Odier, Citi y Swiss Life.

El sentir común de los representantes de estas entidades financieras, sobre todo los bancos, es que entre un 40% -la previsión más optimista- y un 60% -la proyección más pesimista- del volumen actual en las sicav peligra. Respecto a su negocio a final del primer semestre, supondría la pérdida de entre 11.700 y 17.500 millones de euros.

No obstante, algún que otro ponente llegó a cifrar la posible hemorragia de dinero en 20.000 millones.

Apenas un millar de sicav

En cuanto al número de sicav, Rafael Orteso, director de Planificación Patrimonial de Citi Private Bank, señala que “la mitad de las sicav existentes hoy día van a liquidarse con una fórmula u otra”. Esto equivaldría al cierre de unas 1.200 sociedades de aquí a 2022, dejando un panorama ligeramente superior al millar de sicav.

Como recuerda Ángel Martínez-Aldama, cerca de 1.000 sociedades de inversión de capital variable ya se han dado de baja en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) durante los últimos cinco años, desde que todos los grandes partidos políticos incluyeron en sus programas electorales por primera vez en 2015 la reforma del régimen de las sicav. Y eso solo en base a rumores e hipótesis, “sin que haya cambiado una coma de la norma”, consciente Martínez-Aldama de que es un sector que necesita “estabilidad normativa” para desarrollarse.

Por tanto, en adelante las consecuencias pueden ser devastadoras. Todos los expertos coinciden en que solo sobrevivirán las grandes sicav, catalogadas así por encima de los diez millones de euros.

Para colmo de males, el presidente de la patronal de las gestoras subraya que, con la nueva normativa, “no van a desaparecer las sicav, solo van a desaparecer las sicav españolas”, puesto que “las sicav comunitarias, en especial las luxemburguesas, van a seguir estando como están ahora”.

Los efectos de la persecución a estas sociedades por parte del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos ya se está dejando notar. Las grandes fortunas sacaron de sus sicav 340 millones de euros en el primer semestre, con datos de VDOS, que se suman a los casi 1.250 millones de reembolsos netos el año pasado.

Régimen transitorio

Con la ley antifraude, se refuerza el control de las sicav mediante un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos, para los accionistas que, como mínimo, tienen que ser 100. Además, el cumplimiento del número mínimo de accionistas podrá ser comprobado por la Administración Tributaria. Todo ello para que las sicav puedan seguir tributando al 1% en el Impuesto de Sociedades.

Como han explicado desde el despacho Gómez-Acebo y Pombo, para aplicar el tipo del 1% será necesario un desembolso mínimo de 247.500 euros por parte de socios distintos del inversor principal, esto es, de los 99 socios minoritarios. De su lado, el inversor principal habrá de desembolsar 2.152.500 euros para llegar al capital mínimo que se exige para constituir una sicav, establecido en 2,4 millones de euros.

Estas modificaciones van acompañadas de un régimen transitorio para las sicav que acuerden su disolución y liquidación en 2022, cuya finalidad es permitir que sus accionistas reinviertan el dinero en una cartera de fondos españoles que cumplan los requisitos a modo de salvoconducto o traspaso fiscal, como ya existe en España de un fondo de inversión a otro, donde el pago de plusvalías se aplaza en los traspasos y únicamente se abona en los reembolsos.

La cancelación registral tendrá que producirse en el plazo de seis meses desde la fecha del acuerdo de disolución, y la reinversión en una cartera de fondos locales deberá efectuarse en el plazo de siete meses desde el mismo acuerdo.