Los fiscalistas del Consejo General de Economistas han enviado sus primeras peticiones al nuevo Gobierno, que pasan por acometer una profunda reforma fiscal, de la que no se libre la autonómica, la local, la ambiental ni el fraude fiscal. Es decir, una revolución en toda regla.

En su propuesta autonómica, exigen la revisión global de los tributos ligados a la financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA). Respecto a los impuestos propios, piden la organización estatal de los elementos esenciales, establecer impuestos estatales sobre las principales materias imponibles -como el agua o la producción de algunos residuos- dando capacidad normativa amplia sobre ellos a las CCAA, y acotar la capacidad normativa de las comunidades para que no se genere una normativa autonómica inabarcable.

El objetivo es encauzar las diferencias normativas en unos límites para que no se produzcan desigualdades territoriales exageradas. También, terminar con el problema de las valoraciones, que es la mayor fuente de litigiosidad, afectando a varios impuestos y, especialmente, a Transmisiones Patrimoniales y a Sucesiones y Donaciones.

En cuanto a la fiscalidad local, el primer impuesto "que se ha de modificar es el IIVTNU (plusvalía municipal), debido a la declaración de inconstitucionalidad de determinados artículos del mismo". Pero también abogan por una revisión en profundidad del IAE, que grava mucho a unas empresas y nada a otras, dependiendo de su titularidad. Otra de sus peticiones consiste en establecer un marco normativo común para regular las tasas que aplican la mayor parte de municipios, dejando margen para que estos puedan modular el importe a pagar y reubicar el IBI dentro de la tributación de la riqueza son algunas de las ideas.

Dentro de este listado de peticiones se encuentra la reforma de la tributación de la riqueza dando coherencia a la aplicación de varios impuestos. En cuanto al impuesto sobre el Patrimonio, lo primero, dicen, será decidir sobre su existencia como tal o no. En Sucesiones y Donaciones, "además de decidir si tiene un sitio en nuestro sistema tributario, hay que ponerse de acuerdo en si es conveniente que tengamos las grandes diferencias territoriales que existen."

En materia medioambiental, "hay que tomar una decisión sobre el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos en lo que respecta al gravamen del diésel y, en concreto, sobre las bonificaciones en vigor. También, armonizar algunos impuestos ambientales que ya están aplicando varias CCAA; hacer coherentes el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Determinados Medios de Transporte, reforzando su carácter medioambiental, y seguir en línea con las iniciativas de la UE en esta fiscalidad.

Entre sus demandas también está la de mejorar la forma de trabajar de las Administraciones tributarias. Facilitar las regularizaciones espontáneas presentadas fuera de plazo. Reducir los tiempos de terminación de los procedimientos de revisión. Intensificar la relación cooperativa.