El Consejo General de Economistas (CGE) ha abogado este lunes por la aprobación de una ley marco de fiscalidad ambiental que distribuya las bases imponibles entre las diferentes administraciones con el fin de armonizar los tributos.

El presidente del CGE, Valentín Pich, ha advertido en la presentación del estudio "La Fiscalidad Ambiental en España, situación actual y tendencias" elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) que, si la fiscalidad ambiental no se adopta de manera correcta, servirá para recaudar, pero no para redireccionar los comportamientos que pretenden modificarse.

El debate sobre la recaudación ambiental llegará a España, pero antes será necesario resolver la fiscalidad autonómica y local para que la reforma sea sensata y lógica, ha considerado.

Los economistas han insistido en la conveniencia de coordinar las políticas de imposición con las subvenciones, ya que en ocasiones se gravan cuestiones que al mismo tiempo se están promoviendo con fondos.

Otras iniciativas de diversas instituciones son la unificación de las tributación autonómica y local sobre el transporte o un impuesto estatal sobre el agua.

La presión fiscal ambiental se redujo entre 2000 y 2016 en todo el mundo y en particular en Europa, descenso que los economistas relacionan con que los tributos no han cambiado y la eficiencia energética ha permitido reducir los consumos de energía, de acuerdo con el estudio.

En el caso de España, la presión fiscal ambiental pasó del 2% del PIB en 2002 al 1,8% del PIB en 2017, por debajo de la media europea (2,4% del PIB).

De esta manera, aunque la recaudación ambiental en términos absolutos aumentó en España un 3% en 2017 respecto a 2016, solo supuso el 5,4% de los ingresos tributarios, por encima de países como Alemania (4,6%), Francia (5%) o Suecia (4,9%).

La directora de la Cátedra de Hacienda Territorial de la Universidad de Murcia, María José Portillo, ha explicado que en España, como en la mayoría de países europeos, la mayoría de esta recaudación procede de impuestos sobre la energía (82,9%). La media europea es del 76,9%.

España recaudó 21.382 millones de euros en impuestos ambientales en 2017, la mayoría (17.729 millones) de impuestos energéticos, entre los que destaca el impuesto de hidrocarburos con 13.156 millones de euros.

Se ingresaron 2.706 millones por impuestos sobre el transporte, sobre todo por vehículos de tracción mecánica (1.838 millones), y por impuestos sobre la contaminación y los recursos, 947 millones, entre los que destaca el impuesto sobre producción y almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radioactivos (296 millones).

La mayoría de estos tributos corresponden a la fiscalidad estatal (82 %) -aunque una parte de esa recaudación se traspasa a las comunidades autónomas-, mientras que el 20 % son impuestos locales y el 8 %, autonómicos.