El Gobierno ha hablado sobre la supervisión de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs). Y aunque su palabra aún no es definitiva, todo apunta a que antes de que acabe el año estas sociedades volverán a estar controladas por la Agencia Tributaria. Desde la industria se teme una “caza de brujas” que amenaza con provocar el cierre o la mudanza de muchas.

La medida, sin antecedentes en Europa, está recogida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Después de 13 años en los que el control de las sicavs ha dependido en exclusiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la pelota vuelve al terreno de la Agencia Tributaria. Desde la industria ya se teme que este relevo se haya cocinado con tintes ejemplarizantes y sea el pistoletazo de salida a una pila de inspecciones en profundidad a la caza de posibles defraudadores fiscales.

Si los PGE salen adelante en el Congreso, las sicavs con un menor número de accionistas tienen todas las papeletas para estar bajo la lupa. Más de un 70% de las sicavs españolas cumplen por los pelos con el precepto de tener al menos 100 accionistas. Además, según los últimos datos recopilados por la CNMV al cierre del segundo trimestre del año pasado, 47 de estas sociedades ni siquiera alcanzaban todavía el mínimo legalmente establecido.

Estas cotas tan justas para cumplir con la ley han llevado a muchos a dudar de la veracidad de la condición de accionistas de los partícipes de las sicavs que aprueban por los pelos. Aunque en los últimos años la CNMV ha pedido explicaciones a varias de estas sociedades, e incluso ha procedido al cierre de alguna de ellas, nada comparado con el levantamiento de actas por presunto fraude fiscal para el que tiene potestad la Agencia Tributaria y pronto podría volver a tener.

La Agencia Tributaria podría volver a prodigarse en la búsqueda de mariachis entre los accionistas de las sicavs españolas y provocar una avalancha de inspecciones, acusaciones y litigios

La ley vigente solo establece el requisito de 100 accionistas por sicav. Una particularidad que en toda Europa solo se repite en la legislación portuguesa. Sin embargo, la norma no establece condicionantes para que un inversor pueda considerarse accionista más allá de ser titular al menos de una acción.

Ahora, Hacienda podría ir más allá. Como ya lo hizo cuando la supervisión de las sicavs dependía de su personal, podría volver a prodigarse en la búsqueda de los conocidos ‘mariachis’, el apelativo que reciben los accionistas que solo figuran para rellenar la sicav y completar el cupo de 100 inversores. Esto conduciría al posterior establecimiento de sanciones contestables solo mediante pleitos judiciales. En el disparadero de posibles acusaciones de evasión fiscal, aquellas sociedades de inversión con un número de accionistas más ajustado, bajo peso de estos en el capital de la firma y con lazos profesionales con la entidad gestora del vehículo o familiares con alguno de los inversores de mayor relevancia.

LAS EXIGENCIAS DE PODEMOS TOMAN ASIENTO EN MONCLOA

La alarma procede de reputadas voces en la industria española de la inversión colectiva, que temen que una aplicación de la norma con criterios más interpretativos desemboque en un clima de incertidumbre que provoque una estampida de sicavs y accionistas. Por lo pronto, en dos años han desaparecido un 18,6% de estos vehículos en España. Un tiempo en el que se han convertido en un arma arrojadiza de los programas electorales de unos y otros partidos.

No son pocos los que apuntan directamente hacia Podemos como verdadero motor de este cambio supervisor. En efecto, la medida formaba parte del pacto que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firmaron en La Moncloa el pasado octubre para que el presidente socialista se asegurase el apoyo de la formación morada a los Presupuestos que ahora trata de sacar a adelante.

En atención a su régimen fiscal y el perfil de sus accionistas más relevantes, no es de extrañar que el partido de Iglesias haya tenido en las sicavs una de las claves de su discurso contra los supuestos privilegios de las grandes fortunas en España. Estas sociedades, que ayudan a movilizar patrimonios de personalidades como Juan Abelló, Alicia Koplowitz o Sandra Ortega, solo tributan al 1% por sus beneficios en el impuesto de sociedades. Un tratamiento que da origen a la polémica al interpretar que son los más ricos quienes usan las sicavs y tan solo rellenan el cupo legal de ‘mariachis’. Eso sí, la rentabilidad que obtengan los accionistas renden cuentas a Hacienda como si de la venta de una acción se tratase, con retenciones de entre el 21% y 27%.

Sin embargo, esta tributación no es ninguna excepción en el mapa europeo, que contempla tipos similares para estos vehículos. Incluso más bajos en el caso de algunas jurisdicciones como Luxemburgo, hacia donde se están desplazando algunos vehículos y accionistas del grupo desde España. La patronal Inverco ha denunciado que este cambio en la supervisión “no hace sino alejar aún más a las sicavs españolas” de sus vecinas europeas.

INVERCO ALERTA DE “EFECTOS NEGATIVOS” SOBRE LA ECONOMÍA

Un comunicado oficial de la institución recordaba al Gobierno que la incertidumbre que puede generar este cambio plantea profundos “efectos negativos sobre la financiación de la economía, la generación de empleo y la recaudación de impuestos”. En este punto, se subrayaba que estos vehículos invierten casi un tercio de su patrimonio en activos españoles, con la aportación de unos 340 millones de euros anuales a las arcas del Estado por su tributación directa y la de sus accionistas, y con la gestión, custodia, auditoría, asesoría y distribución encomendada “en su mayoría” a empresas españolas que generan “más de 30.000 puestos de trabajo de alta cualificación”.

"No hay constancia de que el cumplimiento de requisitos financieros los evalúe el supervisor fiscal, se ha quebrado el principio de supervisión vigente"

Los últimos datos de la industria que maneja la firma de análisis Vdos, actualizados al cierre del pasado noviembre, señalaban a Banco Santander como la primera entidad por patrimonio gestionado a través de sicavs: 5.083 millones de euros, un 17,18 % del total. BBVA (3.001 millones) y Banca March (2.970 millones) ocupan las siguientes posiciones de un ranking que a título individual lideran Torrenova de Inversiones y Cartera Bellver, ambas controladas por la saga de banqueros mallorquines March. El tercer puesto es para Morinvest, de la pequeña de las hermanas Koplowitz, que por sí sola aglutina 526 millones de euros.

El presidente de Inverco, Ángel Martínez-Aldama, defiende que las sicavs españolas están regidas “desde hace más de 30 años” por directivas europeas y que las nuevas atribuciones a la Agencia Tributaria vendrían a suponer la “quiebra del criterio de supervisión financiera” vigente hasta ahora en España y Europa. “No hay constancia de que el cumplimiento de requisitos financieros los evalúe el supervisor fiscal”, critica al apuntar al grave riesgo de que los capitales que hasta ahora atesoran estos vehículos hagan las maletas hacia otros mercados europeos más favorables y con menor incertidumbre política sobre su futuro.