El desglose de costes, conocido en jerga financiera como `unbundling¿, es una de las principales consecuencias prácticas para gestoras e inversores que trae MiFID II. Sin embargo, este detalle puede quedar convertido en una mera formalidad en la mayoría de casos. Esto se debe a que, tanto si la sociedad gestora decide asumir los costes de análisis contra su cuenta de resultados, como si a los clientes ya se les especificaba que una parte de las comisiones eran por análisis, la segregación puede quedar recogida únicamente en el folleto de cada fondo en cuestión sin más notificación.

Los únicos inversores que tendrán el derecho de recibir una notificación desglosada de costes serán aquellos a los que hasta ahora no se les especificaba que su vehículo de inversión llevaba aparejados unos costes de análisis que en adelante tendrán que asumir en parte o íntegros. Esto puede ocurrir, según explican fuentes del sector, tanto si se establece una nueva comisión o se sube alguna de las existentes, como si se procede a explicar que en las comisiones que ya se cobraban y seguirán invariables se computa también este gasto al que antes no se hacía referencia.

El sector señala que, a pesar de la previsible ausencia mayoritaria de comunicación a los inversores, el objetivo de la transparencia se logrará. A diferencia de lo que en el grueso de instituciones de inversión colectiva venía ocurriendo, sus folletos deberán recoger específicamente en qué costes de análisis se incurre para determinar su estrategia y cartera, las fuentes y distribución del mismo y su reparto entre gestora y partícipes. Un punto este último que decidirá el volumen de notificaciones que la industria tendrá que emitir en los próximos meses y que en muchos casos está aún por definir, como mostró un reciente estudio de CFA Institute.

UN CUARTO AÚN SE DECIDE

A tenor de este sondeo, un 21% de las gestoras europeas no tienen aún claro cómo van a repartir costes de análisis con sus clientes. Un porcentaje que en el caso de las pequeñas sociedades de gestión se amplía al 25%, un cuarto de las empresas prestando servicio en este segmento. No obstante, todo parece indicar que la asunción de estos gastos por parte de las gestoras en su cuenta de resultados será el camino más seguido debido a la presión competitiva de las grandes firmas internacionales y a las dificultades añadidas que entraña el conseguir la aceptación expresa de los clientes para la nueva política de comisiones.

Para nuevos inversores en fondos, sicavs e instituciones colectivas, una vez quede aprobada la norma íntegra, CFA Institute confirma que ¿el traslado de costes sería por contratación de producto¿. No obstante, se puntualiza que en cada caso ¿dependerá de cada negociación entre cliente y proveedor del análisis. De este modo, al cargarse como una comisión más sobre el patrimonio invertido y no con cargo a la rentabilidad obtenida, las gestoras se aseguran que cubren esta partida también en casos en los que el vehículo de inversión arroje pérdidas para sus partícipes.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) certifica en su guía de preguntas y respuestas sobre MiFID II que ¿en caso de un fondo cuyo folleto ya contemple la existencia de comisiones de intermediación que incorporen el servicio de análisis, la sustitución de lo anterior por el gasto por análisis (desvinculado de la comisión de intermediación) no daría derecho de información¿. Además, se añade que en el caso en el que se tenga que proceder a la incorporación en folleto de los gastos de análisis, sólo podrán ser imputables a este y sus partícipes ¿a partir del momento en el que se actualice el folleto¿, sin efectos retroactivos.

SEIS MESES DE GRACIA Y UNO DE REFLEXIÓN

Aunque la adaptación completa a MiFID II debería haberse producido ya, las gestoras cuentan desde el 3 de enero con un periodo de gracia derivado del tiempo que pase hasta la entrada en vigor de la norma que ahora está tramitándose en el Parlamento español. En Inverco no esperan que esto tenga lugar antes del segundo semestre del año debido el curso habitual de cambios normativos de este rango, pues el Consejo de Ministros no aprobó la norma hasta su última sesión del año pasado, el 29 de diciembre.

La confusión en torno a la supuesta entrada en vigor de la directiva europea y la falta de una trasposición legal válidamente aprobada en España forzó a la CNMV a recordar que las materias no recogidas en este texto sí eran de aplicación desde el previsto día 3 de enero. El resto, que se corresponde con el grueso de la norma común, cuando quede aprobada. Mientras tanto, el sector espera una guía práctica que resuelva las dudas que por su parte y la de los clientes sigue suscitando el `unbundling¿.

Una vez que se sancione la norma española, las gestoras que no lo hayan hecho tendrán que tomar una decisión final sobre los costes de análisis y, en su caso, informar a sus clientes, que tendrán un plazo de 30 días para acatar los cambios notificados, o bien proceder a un traspaso o reembolso, asumiendo las posibles penalizaciones que estos movimientos pudieran conllevar a su patrimonio. Lo mismo -con posibles variaciones de plazos temporales- ocurrirá en el resto de países de la Euozona.

¿CLIENTE DE UN FONDO? UN 21% DE LAS GESTORAS TODAVÍA NO SABE SI TE COBRARÁ MÁS DESPUÉS DE MIFID II