Las autoridades europeas siguen poniendo coto a las criptodivisas. En este caso, el Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo para reforzar el control de las operaciones con activos digitales. La norma aprobada impide que se realicen transferencias anónimas.

También introduce otras medidas que faciliten la trazabilidad de las operaciones con el objetivo de evitar que las criptomonedas sean utilizadas en actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

La reforma, que necesita aún el visto bueno del pleno de la Eurocámara y del Consejo para ser formalmente adoptada, impondrá la "regla de viaje" a todas las transferencias realizadas con moneda virtual.

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De este modo, los operadores estarán obligados a recabar determinados datos, tanto del emisor como del beneficiario de la transferencia realizada, independientemente del monto de la misma. Es decir, el acuerdo final es más duro que la propuesta inicial de la Comisión Europea, que preveía eximir las transacciones inferiores a 1.000 euros.

"Las nuevas normas facilitaran que se investiguen determinadas transferencias vinculadas a actividades delictivas e identificar a la persona real que está detrás de esas transacciones", ha destacado Ernest Urtasun, el ponente de la Eurocámara sobre la revisión de este reglamento y eurodiputado de En Comú Podem.

Datos

La reforma prevé igualmente exigencias específicas en las operaciones de los proveedores con carteras no alojadas (unhosted, en inglés). Si definitivamente la nueva norma recibe el visto bueno, estos proveedores estarán obligados a verificar las transferencias desde o hacia sus clientes con una de estas carteras sin registrar.

El eurodiputado ha destacado asimismo que la nueva norma "ayudará a aplicar las sanciones financieras" que la Unión Europea (UE) impone a los oligarcas rusos en represalia por la invasión de Ucrania. Según ha explicado no podrán recurrir a las criptomonedas para eludir la congelación de los activos que poseen en territorio comunitario.

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Así, los proveedores de servicios de criptoactivos deberán aplicar políticas, procedimientos y mecanismos de control internos apropiados para mitigar los riesgos de elusión de las medidas restrictivas nacionales y de la UE.

Además, los Estados miembro que estos proveedores sean entidades sometidas a las reglas de la directiva contra el blanqueo de dinero, con el objetivo de que la UE se alinee con las recomendaciones del grupo de Acción Financiera (GAFI) y armonizar las normas nacionales que hasta ahora se aplicaban de manera divergente.

En virtud del acuerdo alcanzado, la UE se comprometerá también a crear un registro público sobre operadores de criptomonedas que no respeten las nuevas normas o escapan al control diseñado. Los que los proveedores europeos no estarán autorizados a operar con las entidades que se incluyan en este listado.

También se aplicará el reglamento sobre protección de datos de la Unión Europea (GDPR) a este sector para asegurar que los mercados de activos virtuales adaptan las políticas y procedimientos que aplican a sus clientes a las reglas comunitarias en esta materia.