Euríbor
Europa vuelve a hablar de industria. No como un recuerdo del pasado ni como una aspiración abstracta, sino como una necesidad estratégica.
El discurso del Made in Europe ha regresado al centro del debate político europeo impulsado desde los propios gobiernos. Estamos ante una narrativa que se creía superada y que hoy reaparece con un tono más urgente y, sobre todo, más autocrítico.
El cambio relevante no está en la apelación a producir más dentro de Europa, sino en el diagnóstico que la acompaña. Emmanuel Macron lo ha formulado de manera explícita en distintos foros europeos al reclamar una política industrial común que proteja capacidades estratégicas.
Friedrich Merz ha ido más lejos al identificar sin rodeos al principal obstáculo. No es la falta de iniciativa empresarial ni de capital humano. Es la sobrerregulación que atenaza la actividad económica en la Unión.
Que ese reconocimiento emerja desde el núcleo político europeo es, en sí mismo, significativo. Durante años, el relato dominante atribuía el menor dinamismo europeo a factores externos o estructurales difíciles de corregir. Globalización asimétrica, competencia china, subsidios estadounidenses.
La Unión empieza a asumir que una parte sustancial de su problema es de diseño institucional
Hoy, en cambio, el foco se desplaza hacia dentro. La Unión empieza a asumir que una parte sustancial de su problema es de diseño institucional.
La paradoja es evidente. Europa logró lo más complejo, la libre circulación de bienes, capitales y personas. Construyó un mercado único sin precedentes históricos. Sin embargo, fracasó en lo que debía venir después. Simplificar para homogeneizar.
Convertir ese mercado en un espacio realmente fluido para producir, invertir y escalar actividad. En la práctica, la Unión de los 27 sigue funcionando como una superposición de marcos regulatorios nacionales que multiplican costes y reducen eficiencia.
El propio Merz lo expresó con crudeza al defender la necesidad de un régimen jurídico europeo único para las empresas que operan en varios países. La crítica no va dirigida contra la regulación como principio, sino contra su acumulación desordenada y su traducción desigual en cada Estado miembro. El resultado es un entorno donde cumplir la norma absorbe recursos que podrían destinarse a innovar.
El sector del automóvil ilustra este problema con una claridad incómoda. No porque esté mal regulado, sino porque está regulado en exceso y de forma fragmentada. Desde la importación de componentes hasta la fabricación, la homologación, el uso urbano, los incentivos fiscales y el tratamiento de residuos, cada etapa está atravesada por normativas europeas y nacionales que no siempre encajan entre sí.
Un mismo vehículo eléctrico puede recibir ayudas generosas en un país y enfrentarse a trabas fiscales en otro. Puede circular sin restricciones en una ciudad y estar limitado en la siguiente. Las exigencias ambientales, los incentivos a la compra, los impuestos, las normas de mantenimiento o los criterios de acceso urbano varían dentro de un mercado que se presenta como único. El efecto no es una mayor ambición climática, sino una pérdida de escala y una incertidumbre permanente para fabricantes y consumidores.
Mientras Europa discute cómo relanzar su base industrial, sus principales competidores operan con marcos más previsibles. Estados Unidos combina subsidios con reglas claras y homogéneas. China planifica con coherencia interna y ejecuta sin fragmentación. Europa, en cambio, legisla con ambición, pero implementa con dispersión. Esa diferencia pesa, y pesa mucho, en sectores intensivos en capital.
Ahí es donde el mensaje del Made in Europe empieza a mostrar sus límites. Como eslogan político funciona. Como estrategia económica es insuficiente si no va acompañado de una simplificación profunda del marco normativo. El problema no es de preferencia de consumo ni de orgullo industrial. Es de funcionamiento interno del mercado.
Existe además una desconexión evidente entre el discurso institucional y el comportamiento real de la ciudadanía. Los consumidores no eligen en función de consignas políticas, sino de precio, calidad percibida y hábitos. Pensar que el Made in Europe puede competir solo como relato identitario es confundir política industrial con marketing.
La Unión acierta al reconocer que algo no funciona. Acertar en el diagnóstico es un primer paso que llega tarde, pero llega.
El riesgo ahora es quedarse en la superficie del mensaje. Europa no necesita más etiquetas ni más capas estratégicas. Necesita menos burocracia y más coherencia.
Si de verdad quiere volver a producir, el gesto más revolucionario no será proteger lo europeo, sino simplificar Europa. Porque la paradoja del mercado único no es que falte mercado. Es que, después de haberlo creado, todavía no se ha aprendido a dejarlo funcionar.